La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que María Elizabeth “N” fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de su sobrino de apenas dos años, ocurrida el pasado 2 de agosto en la colonia Chula Vista, en Tlajomulco de Zúñiga. La investigación indica que la menor víctima sufrió agresiones físicas que le provocaron lesiones internas graves en la zona abdominal.
Investigación y medidas judiciales
Según un comunicado de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, el niño presentó síntomas de vómito y debilidad, por lo que fue trasladado a la Cruz Verde de la colonia Concepción del Valle. Al llegar al centro médico, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, el Ministerio Público recabó los datos necesarios y obtuvo una orden de aprehensión, que fue ejecutada el 4 de agosto por la Policía de Investigación.
En audiencia celebrada el 11 de agosto, un juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa por un año a la imputada mientras continúan las investigaciones complementarias. El Código Penal de Jalisco establece que el delito de parricidio se sanciona con penas que van de 25 a 45 años de prisión, según lo dispuesto en el Artículo 223, considerando el parentesco consanguíneo con la víctima.
La Fiscalía destacó que el proceso judicial busca garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes y que los responsables enfrenten la ley. “Este caso se judicializa con el objetivo de sancionar los delitos que vulneran la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes”, afirmó el organismo en un comunicado.
Atención integral a la violencia contra menores
El caso de Tlajomulco se enmarca en los esfuerzos del Estado para fortalecer la atención, investigación y sanción de la violencia contra menores. Las autoridades recalcan que la protección de la infancia requiere no solo castigo penal, sino también medidas preventivas y detección temprana de riesgos.
Especialistas en la materia subrayan que la prevención debe involucrar a familias, escuelas y comunidades, con programas educativos y de acompañamiento a menores vulnerables.
Hasta ahora, la investigación se centra en esclarecer las circunstancias del incidente, verificar el historial de la imputada y garantizar que se cumplan todas las garantías procesales. La Fiscalía mantiene abierta la investigación, buscando reunir pruebas que confirmen la responsabilidad de María Elizabeth “N” en los hechos.
Además, se reitera el compromiso de la autoridad de asegurar justicia para las víctimas y sus familias. La institución refuerza que seguirá implementando protocolos que permitan identificar situaciones de riesgo, intervenir oportunamente y reducir la violencia contra niños y adolescentes en el estado de Jalisco.
El caso ha generado conmoción social y debate sobre la importancia de sistemas de protección infantil más eficientes y de mecanismos de denuncia accesibles para vecinos y familiares que detecten signos de maltrato. Organizaciones civiles han solicitado a las autoridades locales fortalecer las políticas de prevención y atención a la violencia intrafamiliar para evitar tragedias similares en el futuro.
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