La Casa Blanca criticó duramente la decisión del juez federal James Boasberg, quien suspendió temporalmente la expulsión de migrantes amparada en una ley de guerra del siglo XVIII, argumentando que su fallo representa una usurpación del poder ejecutivo.
La orden judicial, emitida el pasado sábado 16 de marzo, bloqueó por 14 días la deportación de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que el presidente Donald Trump invocó contra la pandilla venezolana Tren de Aragua. Dicha ley ha sido aplicada solo tres veces en la historia de Estados Unidos: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la decisión como un intento del juez de interferir con la autoridad del presidente.
«Está muy, muy claro que se trata de un juez activista que trata de usurpar la autoridad del presidente», declaró Leavitt.
Trump exige la destitución del juez Boasberg
En respuesta a la suspensión de su política migratoria, el presidente Donald Trump pidió el martes la destitución del juez Boasberg. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, quien le recordó que las decisiones judiciales deben respetarse.
«La destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial», afirmó Roberts.
A pesar de la reprimenda, Trump mantuvo su postura y, en una entrevista con Fox News, criticó a ciertos jueces dentro del sistema judicial estadounidense.
«No, no se puede hacer eso. Pero tenemos jueces corruptos. Creo que hay un momento en el que hay que preguntarse qué hacer frente a un juez villano», expresó el mandatario.
Posibles consecuencias para el gobierno de Trump
El juez Boasberg advirtió este martes 19 de marzo que el Gobierno de Trump podría enfrentar consecuencias legales si decide ignorar la orden judicial y continúa con las deportaciones.
En su fallo, el juez mencionó que la administración podría invocar la doctrina de los secretos de Estado, que permite a los gobiernos ocultar información sensible de seguridad nacional en casos judiciales. No obstante, Boasberg cuestionó si realmente la política migratoria de Trump afecta la seguridad nacional, especialmente después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revelara detalles de los vuelos de deportación en redes sociales.
El juez Boasberg sostuvo que la administración de Trump debe justificar su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros y aclarar si la expulsión masiva de migrantes realmente responde a una amenaza a la seguridad nacional.
Tensión política y crisis migratoria
El fallo del juez Boasberg agrava la tensión entre el gobierno de Trump y el poder judicial, además de avivar el debate sobre las políticas migratorias del país. La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar migrantes ha sido criticada por grupos defensores de derechos humanos y abogados de inmigración, quienes consideran que criminaliza a poblaciones vulnerables sin evidencia suficiente de su peligrosidad.
Por otro lado, Trump ha defendido su decisión argumentando que el Tren de Aragua representa una amenaza real para la seguridad de Estados Unidos y que la deportación es necesaria para frenar el crecimiento de grupos criminales dentro del país.
A medida que avanza el plazo de 14 días impuesto por el juez Boasberg, se espera que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia apelen la decisión, lo que podría llevar el caso a instancias judiciales superiores.
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