La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que el próximo 15 de mayo escuchará los argumentos en torno a uno de los temas más polémicos de la segunda presidencia de Donald Trump: su intento de restringir la ciudadanía automática por derecho de nacimiento, tal como se establece en la 14ª Enmienda de la Constitución.
La medida, ordenada por Trump el 20 de enero de 2025, instruye a las agencias federales a negar el reconocimiento de ciudadanía estadounidense a niños nacidos en EE. UU. cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales permanentes. Esto representa un giro radical en la interpretación histórica de la cláusula de ciudadanía, que desde finales del siglo XIX ha garantizado este derecho a prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
Batalla judicial en curso
La orden ejecutiva fue inmediatamente desafiada en tribunales, lo que ha resultado en tres medidas cautelares emitidas por jueces federales en Washington, Massachusetts y Maryland, que bloquean temporalmente su aplicación.
Ante estos bloqueos, el gobierno de Trump solicitó al Supremo una petición de emergencia para reducir el alcance de las restricciones judiciales, buscando que, al menos parcialmente, se aplique el decreto mientras el caso sigue en litigio. La Corte, sin embargo, no tomó ninguna medida inmediata al respecto, y se centrará en escuchar los argumentos del caso el próximo mes.
El debate sobre la 14ª Enmienda
El eje central de la disputa legal gira en torno a la interpretación de la 14ª Enmienda, cuyo texto establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en que residen.”
Durante más de un siglo, este principio ha sido entendido como una garantía de ciudadanía por nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres. Sin embargo, el equipo legal de Trump sostiene que este derecho no debe aplicarse a los hijos de inmigrantes en situación irregular ni a aquellos que se encuentren legalmente pero de forma temporal, como los estudiantes extranjeros o quienes tienen visas de trabajo.
Resistencia de fiscales y defensores de derechos
El decreto ha sido impugnado por 22 fiscales generales estatales, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas afectadas por la medida. Argumentan que se trata de una acción inconstitucional y discriminatoria, que sienta un precedente peligroso para los derechos civiles y debilita la noción de igualdad ante la ley.
Los críticos también advierten que esta política podría crear una población de personas apátridas, nacidas en EE.UU. pero privadas de la ciudadanía, lo que tendría graves consecuencias legales y humanitarias.
Como ocurrió durante su primer mandato (2017-2021), varias de las acciones ejecutivas de Trump en esta segunda administración han enfrentado resistencia inmediata en los tribunales, generando una nueva ola de litigios que probablemente escalarán hasta la Corte Suprema.
El fallo final de este caso no solo tendrá un profundo impacto en millones de familias inmigrantes, sino que podría redefinir uno de los pilares históricos del derecho constitucional estadounidense. Mientras tanto, el país sigue dividido entre quienes ven en esta política una medida de control migratorio y quienes la consideran una amenaza directa a los derechos fundamentales.
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