El Departamento de Justicia pidió a un tribunal de Florida reconocer la inmunidad de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mientras en Nueva York la Fiscalía y la defensa de Nicolás Maduro propusieron que el juicio penal en su contra inicie en junio de 2027.
El Gobierno de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal de Florida que reconozca la inmunidad de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, frente a una demanda civil promovida por tres ciudadanos estadounidenses que permanecieron detenidos durante varios meses en territorio venezolano.
La petición fue presentada por el Departamento de Justicia ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde se argumenta que Rodríguez, en su calidad de jefa de Estado, goza de inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mientras permanezca en el cargo.
De manera paralela, en Nueva York, la Fiscalía federal y el equipo de defensa de Nicolás Maduro plantearon un calendario para el proceso penal que enfrenta el exmandatario venezolano, proponiendo que el juicio comience en junio de 2027.
Ambos procedimientos avanzan de forma independiente, aunque reflejan el complejo escenario judicial que enfrenta la cúpula del gobierno venezolano en tribunales estadounidenses.
Departamento de Justicia respalda inmunidad de Delcy Rodríguez
En el documento presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida, el Departamento de Justicia sostuvo que el Poder Ejecutivo estadounidense determinó que Delcy Rodríguez, como actual jefa de Estado de Venezuela, cuenta con inmunidad de Estado mientras desempeñe esa función.
La solicitud señala que, debido a esa condición, la funcionaria no puede ser sometida a la jurisdicción de ese tribunal en la demanda promovida por los ciudadanos estadounidenses Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval.
Los tres demandantes buscan una compensación económica por el tiempo que permanecieron detenidos en Venezuela, donde, según la demanda, fueron sometidos a presuntas torturas antes de recuperar su libertad mediante un intercambio entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden.
El escrito firmado por el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett A. Shumate, solicita además que todas las reclamaciones contra Rodríguez sean desestimadas sin perjuicio mientras continúe ejerciendo como jefa de Estado.
En ese mismo caso, el juez Darrin P. Gayles había fijado previamente una indemnización de 314 millones de dólares contra varios demandados, entre ellos Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, el empresario Alex Naim Saab Morán y el denominado Cártel de los Soles.
Fiscalía y defensa plantean juicio para 2027
Mientras tanto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la defensa de Nicolás Maduro acordaron proponer al juez Alvin Hellerstein que el juicio penal comience en junio de 2027.
De acuerdo con el calendario planteado, durante los próximos meses ambas partes intercambiarán pruebas y desarrollarán las distintas etapas previas al juicio para preparar el proceso.
En esa causa también será juzgada Cilia Flores, esposa de Maduro, quien enfrenta cargos penales junto con el exmandatario venezolano.
Según el expediente judicial, Maduro está acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, mientras que Flores enfrenta acusaciones penales dentro del mismo proceso.
Durante su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, ambos rechazaron los cargos y sostuvieron que las acusaciones tienen un trasfondo político.
Procesos avanzan por vías distintas
La solicitud de inmunidad para Delcy Rodríguez corresponde exclusivamente a la demanda civil presentada en Florida, mientras que el proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores se desarrolla en la jurisdicción federal de Nueva York.
De prosperar la petición del Departamento de Justicia, Rodríguez quedaría protegida frente a esa demanda mientras permanezca como jefa de Estado de Venezuela, aunque ello no modifica el curso del proceso penal que enfrentan Maduro y Flores.
Las autoridades estadounidenses deberán ahora esperar las resoluciones judiciales correspondientes en ambos casos, que seguirán calendarios distintos y serán analizados por tribunales federales diferentes.
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