El gobierno de Estados Unidos ha iniciado las deportaciones desde el nuevo centro migratorio “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, en medio de críticas por las condiciones inhumanas de las instalaciones.
La acción marca el cumplimiento de una de las amenazas más polémicas del presidente Donald Trump: acelerar las expulsiones mediante vuelos directos desde instalaciones remotas. El gobernador Ron DeSantis confirmó el inicio de esta operación con vuelos diarios y la participación inminente de la Guardia Nacional como jueces migratorios.
“Me complace reportar que esos vuelos desde Alligator Alcatraz, de parte del DHS, han comenzado. El ritmo está incrementando. Hemos tenido ya cierto número de vuelos en los últimos días y hemos removido a cientos de ilegales desde aquí”, afirmó DeSantis durante una conferencia desde el mismo centro de detención.
El centro, abierto el pasado 3 de julio en una pista aérea abandonada, comenzó con capacidad para 2 mil migrantes y se expandirá hasta albergar a 4 mil. Según DeSantis, este lugar “puede aceptar aeronaves de tamaño comercial y tener operaciones tanto de día como de noche”, lo que facilitará la aceleración de las deportaciones.
Aunque no se detallaron las nacionalidades ni el número exacto de personas trasladadas, el mandatario estatal recordó que la administración Trump planea la expulsión de hasta 800 mil migrantes, de los cuales entre 50 mil y 75 mil están en Florida.
El anuncio ocurre apenas semanas después de que un migrante fuera captado escalando el muro fronterizo cerca de Yuma, Arizona. Según fuentes de la Patrulla Fronteriza, ese migrante, originario de El Salvador, fue uno de los primeros en ser procesado en Alligator Alcatraz y deportado vía aérea.
Las imágenes se viralizaron como símbolo de la tensión en la frontera y han sido utilizadas por el equipo de campaña de Trump para justificar la nueva política de “deportación inmediata desde el punto de detención”.
Denuncias por condiciones inhumanas y protestas civiles
La implementación de esta política migratoria ha desatado críticas desde diversos frentes. Activistas y familiares de detenidos han protestado frente a las instalaciones, calificándolas como “campo de concentración” y “jaula para perros”.
Desde la apertura del centro, se ha documentado la detención de mil personas y al menos seis han requerido hospitalización. Las condiciones denunciadas incluyen hacinamiento, falta de atención médica y nula transparencia en los procesos.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, envió una carta formal al gobierno estatal exigiendo acceso al sitio para realizar inspecciones y monitorear operaciones. Alegó reportes de condiciones “inhumanas” y “peligrosas” para los migrantes.
Pese a estas denuncias, el gobernador DeSantis defendió el centro como “modelo” de cooperación con las políticas migratorias federales. “Florida es líder en detener la inmigración ilegal. Hemos impedido la llegada de más de 18 mil migrantes por mar y logramos que todos los condados cooperen con ICE”, aseguró.
La Guardia Nacional como jueces migratorios
Durante su visita a Alligator Alcatraz a inicios de julio, el presidente Trump respaldó públicamente el uso de la Guardia Nacional como jueces migratorios, medida que ha sido duramente cuestionada por organizaciones civiles. Aunque aún no hay claridad legal sobre esta figura, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha desmentido la intención de avanzar en esa vía.
Con esta operación, la administración Trump profundiza su estrategia de contención y expulsión acelerada de migrantes, en momentos en que la presión política sobre su reelección lo empuja a mostrar “mano dura” en la frontera. Mientras tanto, miles de familias migrantes siguen enfrentando procesos sin representación legal, en condiciones extremas y bajo el temor de ser deportadas sin audiencia.
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