El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la decisión de bombardear un campamento de las disidencias de las FARC en el Guaviare, operación que derivó en la muerte de seis menores identificados por la Defensoría del Pueblo como víctimas de reclutamiento forzado. El mandatario sostuvo que la acción respondió a una situación de fuerza mayor, porque —según afirmó— un grupo de 150 hombres armados amenazaba la vida de 20 soldados desplegados en la zona. El caso abrió un nuevo frente de debate sobre los límites operativos del Estado en medio del conflicto con estructuras armadas que siguen reclutando menores, mientras las autoridades insisten en que la prioridad debe ser proteger a la población civil.
Debate en Colombia por el uso de la fuerza contra disidencias armadas
Petro explicó que el ataque no constituye un crimen de guerra, porque existía un riesgo inminente para los militares. De acuerdo con su versión, evitar el bombardeo habría permitido que los combatientes de la columna al mando de alias «Iván Mordisco» emboscaran a la tropa. El presidente argumentó que, ante la falta de inteligencia suficiente y la distancia con cualquier centro poblado, no había otra manera de resguardar la vida de los uniformados.
La postura presidencial contrasta con la advertencia emitida por la Defensoría del Pueblo, que calificó el hecho como profundamente lamentable y recordó que el Derecho Internacional Humanitario impone restricciones incluso cuando en un campamento haya menores convertidos en combatientes. El organismo señaló que la presencia de niños, niñas y adolescentes en grupos armados ilegales no habilita automáticamente al Estado para ejecutar ataques letales sin evaluar riesgos adicionales.
Aun así, la Defensoría atribuyó la responsabilidad de fondo a las disidencias de las FARC, señalando que los menores fueron reclutados de manera forzada. Subrayó que los grupos armados ilegales generan las condiciones que derivan en tragedias como esta, al incorporar a menores en funciones de combate.
Petro insistió en que su gobierno ha ordenado 12 bombardeos desde el inicio de su mandato y que siempre ha exigido inteligencia precisa para evitar muertes de menores. Aseguró que la meta prioritaria era neutralizar mandos del narcotráfico y liberar a niños reclutados, destacando que 2,411 menores han sido rescatados de estructuras armadas bajo su administración. Sin embargo, sostuvo que en esta ocasión la situación operativa era distinta: no existían alternativas tácticas que garantizaran la protección del destacamento militar.
Petro responsabiliza al expresidente Duque de fortalecimiento de la disidencia
El mandatario responsabilizó también al expresidente Iván Duque del fortalecimiento de las disidencias, acusándolo de haber «hecho trizas» el proceso de paz y dejar crecer a los grupos que hoy controlan territorios estratégicos del país. Esa comparación añadió tensión política al debate, en un momento en que el conflicto interno colombiano mantiene su compleja dinámica en distintas regiones del país.
El episodio reabre discusiones sobre los criterios operativos de las Fuerzas Militares, los límites que marca el Derecho Internacional Humanitario y los efectos colaterales que sufren las comunidades. Organizaciones civiles y analistas advierten que la protección de menores debe ser un eje central en cualquier decisión militar, mientras el gobierno insiste en que actuó en defensa inmediata de sus tropas.
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