En una nueva muestra de su ofensiva contra la corrupción y los abusos de poder en América Latina, el gobierno de Estados Unidos ha ampliado su lista de exfuncionarios y líderes políticos de la región prohibidos de ingresar al país, al considerar que han cometido actos de corrupción, obstrucción democrática y violaciones graves a los derechos humanos. La medida, impulsada bajo los lineamientos de la Lista Engel, busca presionar a los actores que, según Washington, han socavado el Estado de derecho y facilitado prácticas antidemocráticas.
Entre los nombres más destacados figuran el presidente venezolano Nicolás Maduro, el nicaragüense Daniel Ortega, y los líderes cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, junto con varios exmandatarios como Horacio Cartes (Paraguay), Juan Orlando Hernández (Honduras) y Ricardo Alberto Martinelli (Panamá).
La ampliación también incluye a figuras de gobiernos democráticos, como la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner y su exministro Julio De Vido, quienes enfrentan cargos por corrupción vinculados a millonarios contratos de obra pública.
Un mensaje de firmeza regional
Las autoridades estadounidenses destacaron que estas sanciones buscan reforzar los valores democráticos en el hemisferio, enviando un mensaje claro a quienes, desde el poder, se han beneficiado ilícitamente o han utilizado el aparato estatal para reprimir a la oposición.
“La corrupción no distingue entre regímenes democráticos o autoritarios. Lo que importa es el daño que causa a las instituciones y a los pueblos de América Latina”, señalaron fuentes del Departamento de Estado.
En países como El Salvador, Honduras y Guatemala, la medida también alcanzó a funcionarios judiciales y policiales. Uno de los casos más llamativos es el del guatemalteco Fredy Raúl Orellana Letona, juez de la Corte Constitucional acusado de autorizar procesos penales sin pruebas, lo que para Washington representa una herramienta de persecución política. En El Salvador, fue incluido José Edgardo Bruno Ventura, exmiembro de la Policía Nacional Civil, señalado por colaborar con pandillas y grupos narcotraficantes.
Nicaragua: epicentro de represión institucional
El caso de Nicaragua ha sido objeto de especial atención. La administración estadounidense sancionó a la fiscal Marling de Jesús Castro Rodríguez y a la procuradora general Wendy Carolina Morales Urbina, por su papel en la represión judicial contra la disidencia, el uso de leyes restrictivas y el respaldo a medidas que atentan contra la libertad de expresión.
Ambas funcionarias son señaladas por su participación activa en el aparato represivo del régimen de Ortega, acusado de encarcelar a opositores, cerrar medios independientes y criminalizar organizaciones de la sociedad civil.
La inclusión de estos nombres en la Lista Engel representa una de las principales herramientas de la política exterior estadounidense hacia América Latina. Creada para sancionar a actores corruptos o antidemocráticos, la lista impide el ingreso a EE.UU. de las personas señaladas y, en muchos casos, congela sus activos financieros en territorio estadounidense.
Esta política, respaldada por la administración de Joe Biden y ahora fortalecida por Donald Trump, ha generado fuertes fricciones diplomáticas con los gobiernos afectados, que la acusan de injerencia y de violar su soberanía. Sin embargo, desde Washington, la medida es presentada como un instrumento legítimo para proteger la democracia en la región.
“Estas acciones están alineadas con nuestro compromiso de promover la democracia, la justicia y los derechos humanos en América Latina”, enfatizó un portavoz del Departamento de Estado.
Un giro en la política exterior con sello Trump
Aunque la Lista Engel fue concebida durante el mandato de Biden, su ampliación reciente refleja el rumbo que Donald Trump busca imprimir a su política exterior en su segundo mandato: tolerancia cero con la corrupción, más presión a gobiernos considerados enemigos y mayor selectividad en los vínculos diplomáticos.
Al incluir a funcionarios de regímenes autoritarios y a exmandatarios democráticos implicados en corrupción, Estados Unidos endurece su postura en la región, elevando la tensión con varios países, pero también reafirmando su liderazgo en la defensa de valores institucionales.
El mensaje, tanto para líderes en funciones como para quienes aspiran al poder, es claro: la impunidad tiene consecuencias, incluso más allá de las fronteras.
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