El Senado de la República aprobó en lo general, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la nueva Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La minuta, enviada por la Cámara de Diputados apenas horas antes, deriva de una iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal con la que el gobierno busca regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, además de priorizar su consumo doméstico por encima de permisos, concesiones y asignaciones. La discusión dejó ver un choque frontal entre quienes ven la reforma como un acto de justicia social y quienes advierten que será usada como herramienta de control político.
Posturas encontradas en una aprobación acelerada
Durante el debate, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, afirmó que el eje central del proyecto es garantizar que el agua se devuelva a su «dueño legítimo: el pueblo de México». Sostuvo que la legislación elimina la visión mercantilista y construye un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”. Para él, el cambio representa un beneficio directo para los productores y campesinos.
Desde la oposición, la senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, acusó que la reforma abre la puerta a que el Gobierno Federal utilice el recurso como un mecanismo de presión electoral. Señaló que permite decidir “de manera discrecional quién mantiene su concesión y quién la pierde”, lo que, dijo, pone en riesgo la democracia, la seguridad alimentaria y la estabilidad de miles de familias que dependen de volúmenes asignados.
La postura del PVEM, representada por Juanita Guerra Mena, respaldó la propuesta al considerarla un paso firme hacia un modelo de gestión más justo y sostenible. Aseguró que la reforma consolida el agua como un bien social y garantiza el acceso al recurso como un derecho humano prioritario. Su posición coincidió con la narrativa del Ejecutivo Federal, que ha insistido en que esta ley corrige décadas de inequidad en el uso del agua.
Críticas por falta de análisis técnico y posibles riesgos de centralización
Desde el PRI, Carolina Viggiano Austria advirtió que el proyecto carece de estudios técnicos, económicos y presupuestales que permitan dimensionar su impacto real en infraestructura, operación y vigilancia de los sistemas hídricos. Subrayó que tampoco hubo consulta a los pueblos originarios, lo que convierte el derecho al agua, según dijo, “en un discurso sin garantías reales”.
Por su parte, Lizeth Sánchez García, del PT, defendió la reforma señalando que reconoce personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, otorgándoles facultades claras y protección patrimonial. También destacó que la iniciativa define el uso agropecuario familiar para diferenciar a pequeños productores de grandes agroindustrias.
En contraste, Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, alertó que el proyecto concentra poder en la Comisión Nacional del Agua sin contrapesos efectivos. Dijo que la reforma multiplica trámites y aumenta la incertidumbre para el campo mexicano. Añadió que los nuevos mecanismos podrían incentivar favoritismos, corrupción y castigos políticos, lo que afectaría inversiones y frenaría procesos de tecnificación hídrica.
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