El Gobierno de Suiza ordenó la congelación inmediata de todos los activos que el ex dictador venezolano Nicolás Maduro y personas vinculadas a él mantengan en ese país, como una medida preventiva para evitar su transferencia al extranjero tras su reciente detención y traslado a Estados Unidos. La decisión fue adoptada por el Consejo Federal en un contexto de inestabilidad política en Venezuela y marca un nuevo frente financiero en el cerco internacional contra el chavismo.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida no se extiende a los integrantes del actual gobierno venezolano, quienes quedan expresamente excluidos del alcance de la nueva regulación. El objetivo central, subrayó Berna, es impedir una eventual fuga de capitales mientras se esclarece el origen de los fondos y se define el escenario político posterior a la caída de Maduro del poder.
Base legal y carácter preventivo de la medida
El congelamiento se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), un marco jurídico que permite a Suiza actuar de manera cautelar cuando existen indicios de cambios abruptos de poder y riesgos de dispersión de activos.
Las autoridades suizas precisaron que se trata de una medida preventiva y no de una sanción penal. Su finalidad inmediata es bloquear cualquier intento de transferencia de fondos fuera del sistema financiero suizo. En caso de que futuras investigaciones determinen que los recursos fueron obtenidos de forma ilícita, el Gobierno suizo aseguró que buscará que dichos activos sean restituidos en beneficio del pueblo venezolano.
El Consejo Federal aclaró además que la aplicación de la FIAA no depende de la forma en que se haya producido la caída de Maduro ni de valoraciones políticas sobre su detención. El elemento determinante es el hecho objetivo del cambio de poder, que habilita a Venezuela a iniciar eventuales procedimientos legales para reclamar fondos presuntamente adquiridos de manera irregular.
Ampliación de sanciones y revisión a largo plazo
La decisión se suma al régimen de sanciones que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018, establecido bajo la Ley de Embargo. No obstante, el Consejo Federal puntualizó que la nueva medida amplía el alcance de las restricciones económicas, ya que se dirige a personas que no habían sido incluidas previamente en las listas de sanción.
El congelamiento de activos tendrá una vigencia inicial de cuatro años y estará sujeto a revisiones periódicas, en función de la evolución política y judicial en Venezuela. Según el Gobierno suizo, este plazo permitirá preservar los fondos mientras se desarrollan investigaciones y eventuales procesos de cooperación judicial internacional.
Asimismo, la medida facilitará mecanismos de asistencia judicial recíproca entre Suiza y las autoridades venezolanas que eventualmente se constituyan, siempre que existan pruebas suficientes de la adquisición ilícita de los activos. Este punto refuerza la posición de Suiza como actor clave en la recuperación de capitales vinculados a casos de corrupción y abuso de poder.
Impacto político y mensaje internacional
Más allá de su dimensión financiera, la decisión del Consejo Federal tiene un peso político relevante. Refuerza el aislamiento internacional de Maduro y envía una señal clara a otros centros financieros sobre la disposición de actuar con rapidez ante riesgos de fuga de capitales asociados a ex dirigentes acusados de delitos graves.
El Gobierno suizo reiteró su compromiso con el derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial de Venezuela. Recordó además que ha ofrecido de manera reiterada sus buenos oficios para contribuir a una solución pacífica y negociada a la crisis venezolana.
Mientras el proceso judicial contra Maduro avanza en Estados Unidos y se redefinen los equilibrios políticos en Caracas, Suiza mantendrá la vigilancia sobre la evolución de los acontecimientos. El congelamiento de activos abre un nuevo capítulo en la disputa por la rendición de cuentas del chavismo y coloca el foco en el destino final de recursos que, de comprobarse su origen ilícito, podrían regresar a Venezuela bajo supervisión internacional.
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