Una jueza federal bloqueó la última proclama del presidente Donald Trump que ordenaba suspender la emisión de visados para estudiantes extranjeros vinculados a la Universidad de Harvard, argumentando riesgos a la seguridad nacional. La decisión, emitida por la magistrada Allison Burroughs en Massachusetts, consideró que la institución sufriría «daños inmediatos e irreparables» si se permitía la entrada en vigor del decreto.
El fallo se produjo apenas unas horas después de que Harvard interpusiera una demanda para frenar la proclamación, firmada el miércoles por el presidente Trump. En su argumentación, el gobierno federal había calificado a Harvard como un «destino inadecuado para estudiantes e investigadores extranjeros», señalando supuestos «vínculos preocupantes con actores extranjeros» y una supuesta tendencia al «radicalismo». También citó como agravantes las manifestaciones propalestinas en sus campus y sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
La jueza Burroughs actuó de manera expedita, señalando que «el tribunal no esperó la respuesta del gobierno porque Harvard sufriría daños inmediatos e irreparables antes de que haya una oportunidad de escuchar a todas las partes». La decisión deja temporalmente sin efecto la medida presidencial y mantiene vigente la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), al menos hasta el 20 de junio, cuando se celebrará una nueva audiencia.
Esta no es la primera confrontación legal entre Harvard y la administración Trump. Apenas semanas antes, el gobierno ya había cancelado la certificación del SEVP, acción que también fue revertida por la misma jueza. Tras este revés, la universidad presentó una enmienda a su demanda inicial, argumentando que la nueva proclama violaba la Primera Enmienda de la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las normas federales migratorias vigentes.
Presión política y represalias económicas
En el nuevo documento judicial, los abogados de Harvard señalaron que el trasfondo de la proclama presidencial es político, y acusaron al gobierno de ejecutar una campaña de represalias. Según los alegatos, la Casa Blanca habría congelado más de 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos federales dirigidos a Harvard, además de excluirla de futuras ayudas y amenazar con anular sus exenciones fiscales.
“Esta no es la primera vez que la Administración intenta separar a Harvard de sus estudiantes internacionales”, se lee en la denuncia. Para los representantes de la universidad, el objetivo de la Casa Blanca no es proteger a EE. UU., sino castigar a una institución que ha resistido presiones ideológicas.
Los estudiantes extranjeros representan el 27% del total de matriculados para el ciclo 2024-2025, por lo que la medida tenía consecuencias directas para miles de alumnos. Si bien la proclama apuntaba principalmente a nuevos aspirantes, también ponía en duda el estatus migratorio de quienes ya están matriculados y planeaban regresar al país tras el receso académico.
Un verano largo con incertidumbre
Entre las voces estudiantiles que recogió el medio universitario The Harvard Crimson está la de un alumno indio de la Kennedy School, quien pidió anonimato por temor a represalias. “Sabíamos que iba a ser un verano largo, pero lo que más preocupa es la incertidumbre”, declaró.
Otro estudiante, Alfred Williamson, de nacionalidad galesa-danesa, acusó a la administración de usar el aparato federal como instrumento de castigo: “Esto es otra muestra autoritaria de extralimitación del gobierno que castiga a los estudiantes internacionales por asistir a una universidad que se niega a doblegarse”.
La Casa Blanca, por su parte, defendió la proclama con acusaciones sin evidencia concreta. Alegó que Harvard “ha demostrado un historial de radicalismo e influencia extranjera preocupante”, y acusó a la universidad de no colaborar con las autoridades federales al negarse a entregar los expedientes académicos y migratorios de sus alumnos.
En paralelo, la secretaria de Educación advirtió que otras instituciones, como la Universidad de Columbia, podrían enfrentar consecuencias similares si no cumplen con los requerimientos del Ejecutivo, lo que sugiere que el enfrentamiento entre el gobierno de Trump y las universidades liberales apenas comienza.
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