El Gobierno venezolano comunicó a Naciones Unidas su decisión de abandonar la CPI, a la que acusa de actuar de manera selectiva y responder a intereses ajenos a la justicia. La investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanece abierta.
El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 24 de julio su decisión de iniciar el retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), mediante la denuncia del Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal con sede en La Haya.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, calificó la decisión como “firme e irrevocable” y aseguró que fue comunicada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
Caracas sostiene que la actuación de la CPI presenta un sesgo y que sus investigaciones se han concentrado de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos.
“El sesgo de la CPI no es una simple coincidencia procesal”, afirmó Plasencia, quien acusó al tribunal de colocar sus mecanismos al servicio de intereses políticos y cuestionó la imparcialidad de la justicia internacional.
Venezuela acusa a la CPI de lawfare
El Gobierno venezolano sostiene que la actuación del tribunal forma parte de una estrategia de lawfare contra el país y considera que sus procedimientos vulneran los principios de soberanía y autodeterminación.
Plasencia aseguró que Venezuela mantiene su compromiso con una justicia internacional “equitativa”, pero rechazó el funcionamiento actual de la CPI.
La salida anunciada este viernes tiene un antecedente directo en el Parlamento venezolano. En diciembre pasado, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad una legislación para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma.
La medida fue impulsada después de que la Fiscalía de la CPI anunciara el cierre de su oficina técnica en Caracas ante lo que consideró una falta de avances reales en la cooperación con las autoridades venezolanas.
La investigación sobre Venezuela sigue abierta
La decisión de abandonar la CPI no significa automáticamente el cierre de las investigaciones que el tribunal ya mantiene sobre Venezuela.
Al anunciar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía señaló que las pesquisas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad permanecían activas y continuarían desde La Haya.
La investigación tiene sus antecedentes en 2018, cuando varios Estados remitieron a la CPI la situación venezolana por posibles crímenes cometidos en el país.
Las autoridades venezolanas han argumentado que su sistema judicial puede investigar internamente las denuncias y han cuestionado la competencia del tribunal. Sin embargo, la CPI rechazó esos planteamientos y en 2023 autorizó continuar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
El retiro, por tanto, abre una nueva confrontación jurídica y política entre Caracas y la Corte, pero no elimina necesariamente la competencia del tribunal respecto de hechos ocurridos mientras Venezuela era Estado parte del Estatuto de Roma.
Un anuncio en medio de una crisis dentro de la CPI
La decisión venezolana ocurre además en un momento especialmente complejo para la Corte Penal Internacional, después de que los Estados miembros aprobaran la destitución de Karim Khan como fiscal del organismo tras acusaciones de agresión sexual que él rechaza.
Son asuntos distintos: la investigación sobre Venezuela precede a la crisis relacionada con Khan y el Gobierno venezolano cuestiona desde hace años la actuación de la CPI.
Con su anuncio, Caracas inicia ahora el camino para abandonar formalmente una institución que mantiene abierta una de las investigaciones internacionales más relevantes sobre la actuación del Estado venezolano.
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