El Gobierno de México mantiene una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de los compromisos de entrega de agua del Río Bravo a Estados Unidos, conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944 y sus actas complementarias. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el seguimiento se realiza bajo un esquema de coordinación institucional, con el objetivo de cumplir los acuerdos internacionales sin comprometer el abasto de agua para consumo humano ni las actividades agrícolas en territorio nacional.
De acuerdo con la dependencia federal, las acciones implementadas consideran escenarios operativos extraordinarios que permiten cumplir con los compromisos bilaterales únicamente cuando existe disponibilidad hídrica suficiente. En este contexto, se ha contemplado el uso de volúmenes provenientes del Río San Juan, siempre bajo el principio de prioridad para las necesidades internas de México.
La SRE subrayó que estas medidas no son nuevas ni improvisadas. El uso del Río San Juan como fuente alterna para cumplir con el tratado cuenta con precedentes legales y técnicos, respaldados por el Artículo 9 del Tratado de Aguas de 1944 y el Acta 331 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que regula la cooperación binacional en materia hídrica.
El gobierno federal aseguró que mantiene un diálogo constante con los usuarios de la cuenca del Río Bravo, incluidos productores agrícolas y autoridades locales, con el fin de informar y coordinar las decisiones relacionadas con la gestión del recurso. La prioridad, reiteró la cancillería, es garantizar el acceso al agua para las poblaciones mexicanas que dependen directamente de estas fuentes.
Liberación de volúmenes y compromisos bilaterales vigentes
Como parte de este seguimiento, el Gobierno de México confirmó la liberación de 249 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos. Esta decisión responde a los compromisos adquiridos en el marco del Tratado de 1944 y se tomó después de una temporada de lluvias que permitió acumular el volumen requerido sin afectar el suministro nacional.
Las autoridades federales precisaron que la entrega se apoya en la infraestructura hidráulica existente y se realiza bajo criterios técnicos que priorizan el consumo humano y la producción agrícola en México. Según la información oficial, el cumplimiento de este compromiso no pone en riesgo la disponibilidad de agua en las regiones mexicanas vinculadas a la cuenca.
El acuerdo para esta liberación fue alcanzado el pasado 12 de diciembre, tras evaluaciones conjuntas entre dependencias mexicanas y los mecanismos binacionales correspondientes. Ambos países trabajan actualmente en la elaboración de un plan conjunto para las entregas correspondientes al ciclo vigente, el cual deberá quedar definido a más tardar el 31 de enero de 2026.
La SRE reiteró que México continuará privilegiando el diálogo y la cooperación con Estados Unidos en todos los niveles de gobierno. El objetivo, señaló, es asegurar una gestión equitativa y sostenible del recurso hídrico, en un contexto marcado por la variabilidad climática y la recurrencia de periodos de sequía.
Alcances del Tratado de Aguas de 1944 y contexto de sequía
El Tratado de Aguas de 1944 establece en su Artículo 4 que México debe entregar a Estados Unidos un volumen anual de agua proveniente de seis afluentes mexicanos del Río Bravo. Sin embargo, el propio acuerdo contempla mecanismos de flexibilidad para enfrentar condiciones extraordinarias, como sequías severas.
En caso de sequía extraordinaria, el tratado permite que las entregas no se realicen de manera anual y que el cumplimiento se ajuste en ciclos de cinco años. Si al término de un ciclo persisten faltantes derivados de condiciones excepcionales, estos pueden reponerse en el siguiente periodo quinquenal.
Durante el ciclo 2020-2025, la cuenca del Río Bravo enfrentó una de las sequías más severas de las últimas décadas. Esta situación impidió a México cumplir de manera íntegra con la cuota establecida, un escenario previsto en el propio tratado. Por ello, el país cuenta con un ciclo adicional de cinco años, que concluirá en octubre de 2030, para compensar los volúmenes pendientes.
Las autoridades mexicanas enfatizaron que el cumplimiento del tratado se realiza dentro de los márgenes legales y técnicos acordados bilateralmente. Al mismo tiempo, insistieron en que cualquier decisión futura seguirá sujeta a la disponibilidad real del recurso y a la protección del derecho humano al agua para la población mexicana.
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