El Tribunal de Disciplina Judicial resolvió ayer la inhabilitación por un año de un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero, tras acreditar el uso indebido de recursos públicos y personal armado para atender un conflicto estrictamente privado. La sanción se impuso luego de comprobarse que el juzgador recurrió a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para intentar recuperar un vehículo y cobrar una deuda personal, además de incurrir en conductas de acoso sexual y hostigamiento laboral dentro de su centro de trabajo.
De acuerdo con la resolución, los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2022, cuando el juez solicitó la compañía de una oficial judicial sin informarle el destino del traslado. Para la diligencia, requirió también una unidad blindada tipo Suburban, propiedad del Centro de Justicia, así como la presencia de dos elementos armados de seguridad institucional. Ninguna de estas acciones estuvo respaldada por una orden judicial ni por un procedimiento legal vigente.
Con ese grupo, el juzgador se trasladó a un domicilio particular con el objetivo de recuperar un vehículo que, según su versión, había intercambiado previamente con un elemento de la Marina por otro automóvil y una suma de dinero. El juez alegó que el pago no se había completado y que, por ese motivo, tenía derecho a recuperar la unidad, aun cuando se trataba de un desacuerdo de carácter privado.
Intervención armada sin sustento legal
Durante el incidente, el juez encaró a dos mujeres identificadas como familiares del integrante de la Marina, a quienes exigió la entrega inmediata del vehículo. Incluso solicitó la presencia de una grúa para retirar la unidad del lugar. La situación generó inconformidad entre los residentes del condominio, quienes cuestionaron la legalidad de la presencia de personal armado sin una orden judicial y exigieron que se retiraran del sitio.
En medio del conflicto, una de las mujeres señaló que había contactado a su hijo para realizar la transferencia del dinero reclamado, mientras que otra persona involucrada indicó que su abogada y representantes del Ministerio Público se dirigían al lugar, lo que incrementó la tensión y evidenció la falta de sustento legal del operativo encabezado por el propio juez.
Pese al rechazo vecinal, el juzgador ordenó nuevas comunicaciones y uno de sus acompañantes estableció contacto con un general. Como resultado, arribaron al domicilio tres camionetas de la Guardia Nacional y unidades de la Policía del Estado, cada una con aproximadamente cinco elementos, lo que agravó el descontento de los habitantes del condominio y elevó el riesgo de confrontación.
La disputa concluyó cuando el padre del marino se comunicó telefónicamente con el juez y aseguró que la transferencia bancaria ya había sido realizada. Tras verificar el pago desde su propio teléfono móvil, el juez ordenó el retiro inmediato de todo el personal armado y de los vehículos institucionales utilizados en el operativo.
Acoso y hostigamiento acreditados
Además del uso indebido de fuerzas de seguridad y recursos públicos, el Tribunal de Disciplina Judicial acreditó otras conductas graves. Entre ellas, actos de acoso sexual contra una subordinada y hostigamiento laboral en perjuicio de dos colaboradores, un hombre y una mujer, dentro del ámbito institucional.
El presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, subrayó que cualquier desviación de las responsabilidades inherentes al cargo judicial será sancionada conforme a la ley. Reiteró que la institución mantiene una política de cero tolerancia frente a abusos de poder y conductas que vulneren la integridad de la administración de justicia.
La resolución representa un precedente relevante en materia de control interno del Poder Judicial, al exhibir el uso arbitrario de fuerzas armadas y policiales en asuntos personales, así como la obligación de sancionar conductas que comprometan la credibilidad y legalidad del sistema de justicia.
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