Una acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York coloca a México como una pieza clave dentro de una presunta red internacional de narcotráfico que involucra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su esposa Cilia Flores y a altos funcionarios de ese país, en coordinación con cárteles mexicanos. El documento judicial describe rutas, episodios concretos ocurridos en territorio mexicano y supuestos mecanismos financieros ligados al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, lo que abre un nuevo frente de tensión política y diplomática en la región.
De acuerdo con el pliego dado a conocer por la fiscal Pam Bondi, México no aparece únicamente como territorio de tránsito, sino como un espacio de operación logística, colaboración criminal y retorno de recursos financieros provenientes del tráfico de drogas. La acusación sostiene que los imputados se asociaron de manera directa con organizaciones criminales mexicanas para distribuir “toneladas de cocaína” con destino final a Estados Unidos.
Entre los grupos señalados destacan el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, este último identificado actualmente como Cártel del Noreste. Ambos son descritos en el documento como organizaciones criminales con capacidad transnacional y con un papel relevante dentro de la presunta estructura de narcotráfico que operaba desde Venezuela.
Cártel de Sinaloa y control de rutas
Sobre el Cártel de Sinaloa, la acusación lo describe como una organización con raíces en la llamada “Federación Mexicana” de finales de los años ochenta. Bajo el liderazgo de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, el grupo se consolidó como una de las mayores estructuras de narcotráfico del mundo, con presencia en más de la mitad de los estados de México.
El documento judicial afirma que alrededor de 2011 Guzmán Loera financió laboratorios de cocaína en Colombia, cuya producción era protegida por las FARC y por funcionarios venezolanos para facilitar su transporte. Según la acusación, el cártel controlaba rutas en Centroamérica y los métodos para introducir la droga desde México hacia territorio estadounidense.
Las autoridades estadounidenses sostienen que esta red permitió el flujo constante de cargamentos de cocaína a gran escala, con apoyo logístico y protección política desde distintos niveles de poder en Venezuela, así como con la participación activa de organizaciones criminales mexicanas.
Los Zetas y envíos marítimos a México
En el caso de Los Zetas, el pliego los define como una organización transnacional violenta con base en el noreste de México. El grupo surgió como brazo armado del Cártel del Golfo entre 2000 y 2010, con reclutamiento de exintegrantes de fuerzas especiales mexicanas, antes de escindirse y operar de forma independiente.
La acusación señala que Diosdado Cabello Rondón, actual ministro del Interior de Venezuela, presuntamente trabajó con esta organización entre 2003 y 2011. Según el documento, la colaboración incluía el envío de contenedores marítimos con cargamentos de entre cinco y veinte toneladas de cocaína desde Venezuela hacia puertos mexicanos.
Tanto el Cártel de Sinaloa como Los Zetas aparecen en la acusación como Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que eleva el nivel de gravedad de los señalamientos contenidos en el expediente judicial.
México como nodo logístico y episodios documentados
El pliego presenta a México como un nodo logístico central dentro de la presunta red de narcotráfico. Según el texto, Venezuela funcionaba como plataforma de salida de la cocaína, mientras que México servía como punto clave para el tránsito y redistribución de los cargamentos rumbo a Estados Unidos.
La acusación detalla episodios específicos ocurridos en territorio mexicano. Uno de los más relevantes corresponde a la incautación de 5.5 toneladas de cocaína en 2006 en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. De acuerdo con el documento, funcionarios venezolanos enviaron el cargamento en un jet DC-9 que despegó del aeropuerto internacional de Maiquetía, en Venezuela, con destino a México.
Aunque, según el pliego, se habrían pagado sobornos para autorizar el plan de vuelo, las autoridades mexicanas decomisaron la droga tras el aterrizaje. El texto señala que este fracaso obligó a los narcotraficantes venezolanos a pagar una “multa” de aproximadamente 2.5 millones de dólares a Diosdado Cabello para evitar represalias o arrestos en Venezuela.
La acusación añade que en 2013, tras otra incautación de droga en París, Maduro reprendió a Cabello y a otros colaboradores, recordándoles que no debían utilizar el aeropuerto de Maiquetía, aludiendo de forma explícita a lo ocurrido en México en 2006.
Funcionarios señalados y estructura de la red
El documento identifica a Nicolás Maduro como el líder principal de la conspiración y del denominado “Cártel de los Soles”. La acusación lo señala como responsable de encabezar y proteger una red de narcotráfico y corrupción desde el aparato del Estado venezolano.
Además de Cabello, figuran como acusados Ramón Rodríguez Chacín, señalado como enlace con las FARC; Cilia Flores de Maduro, acusada de facilitar actividades de narcotráfico desde su posición política; y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, identificado como participante en la logística del transporte de drogas.
El expediente también incluye como coacusado a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, a quien se atribuye colaboración con funcionarios venezolanos para proporcionar seguridad y logística armada a los envíos de droga.
La acusación estadounidense no implica, por sí misma, una resolución judicial definitiva. Sin embargo, los señalamientos colocan a México en el centro del debate regional sobre narcotráfico, seguridad y relaciones internacionales, en un contexto de creciente tensión entre Washington, Caracas y varios gobiernos de América Latina.
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