En 2023, México registró un preocupante incremento del 17.7% en el número de adolescentes imputados por presuntos delitos, alcanzando un total de 32,852 casos, según el reporte de Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este repunte, que se intensificó tras la pandemia de Covid-19, refleja los desafíos persistentes en la prevención de la delincuencia juvenil en el país.
Perfil y distribución de los casos
Del total de adolescentes imputados, el 77.5% son hombres y el 22.5% mujeres. Más de la mitad de los casos se concentran en seis entidades federativas: Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua. En 2023, se registraron 33,975 presuntos delitos cometidos por menores, lo que indica que algunos adolescentes están involucrados en más de un ilícito.
Los delitos más frecuentes incluyen lesiones (24.8%), robo (15.2%) y amenazas (9.4%). Sin embargo, destacan también delitos de alto impacto como el abuso sexual, que representa el 9.0% de los casos, y el narcomenudeo, con un 8.4%. Estos datos subrayan la gravedad de los problemas que enfrentan los adolescentes en conflicto con la ley.
Sanciones y condiciones de internamiento
De los 32,852 adolescentes imputados, solo 3,785 recibieron una sanción efectiva. De estos, el 66.3% enfrentó medidas cautelares no privativas de la libertad, mientras que el 33.7% fue sujeto a restricciones preventivas, como el internamiento. En 2023, la tasa nacional de adolescentes ingresados a centros de internamiento fue de 16.6 por cada 100,000 menores de entre 14 y 17 años, siendo los hombres cerca del 90% de los internados.
Un dato alarmante es que, aunque el 85% de los adolescentes internados contó con el acompañamiento de sus padres o tutores durante su proceso penal, solo la mitad tuvo acceso a la asesoría de un abogado mientras permanecía en el Ministerio Público, lo que evidencia deficiencias en el acceso a una defensa adecuada.
Factores de riesgo y políticas públicas
El aumento en la incidencia delictiva entre adolescentes refleja la persistencia de factores de riesgo como la pobreza, la violencia familiar, el acoso escolar, los problemas de salud mental y los contextos de inseguridad pública. A pesar de los esfuerzos del gobierno por implementar programas como apoyos barriales, actividades culturales y deportivas, comedores comunitarios, becas educativas y el Sistema Nacional de Cuidados, la delincuencia juvenil no ha disminuido significativamente.
Organismos internacionales como Unicef y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señalan que las acciones preventivas son clave para reducir la incidencia delictiva en jóvenes. Estas incluyen fortalecer la cohesión social en comunidades vulnerables y abordar de manera integral los factores de riesgo que empujan a los adolescentes hacia conductas delictivas.
El repunte de casos en 2023, especialmente tras la pandemia, pone en evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos en políticas públicas que no solo sancionen, sino que prevengan. La protección de las infancias y juventudes requiere un enfoque multidimensional que combine educación, apoyo comunitario y atención a la salud mental, para garantizar que los adolescentes mexicanos tengan oportunidades reales de desarrollo y no caigan en el ciclo de la delincuencia.
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