Cámara de Diputados aprueba reforma para regular uso civil de armas y sancionar tráfico de armamento

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, con 476 votos a favor, reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que endurecen las sanciones para quienes trafiquen o introduzcan armamento al país. A través de estas reformas, se establecen penas de hasta 30 años de cárcel para quienes participen en estas actividades ilícitas.

Además de las sanciones por tráfico de armas, la reforma también facilita los permisos para poseer armas en el domicilio con el fin de defender los bienes de los ciudadanos ante el creciente crimen organizado. Por otro lado, se autoriza el uso de armas de fuego en áreas estratégicas, como empresas públicas y órganos autónomos, para empleados que desempeñen funciones de seguridad.

De acuerdo con la reforma, aquellos que introduzcan armamento de manera ilícita al país, así como aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas, enfrentarán penas de 7 a 30 años de prisión, junto con una multa que va de 250 a 2,000 veces el valor de la UMA. Además, se prohíbe a los militares retirados utilizar sus armas para ofrecer servicios de seguridad privada.

Seguridad y control sobre el uso de armas

El control sobre la posesión y el uso de armas es otro aspecto importante de la reforma. Se especifica que las comunidades ejidales y comunales podrán poseer armas para fines lícitos, con la estipulación precisa de los calibres permitidos. Además, aquellos que dispongan indebidamente de armas de las instituciones policiales o de procuración de justicia enfrentarán penas de 7 a 15 años de prisión, con multas de hasta 2,000 veces el valor de la UMA.

La iniciativa impulsada por AMLO se turna al Senado

Esta reforma, que fue impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora será turnada al Senado para su discusión y posible aprobación. De ser ratificada, se espera que esta ley contribuya a fortalecer el control sobre las armas de fuego en el país, promoviendo al mismo tiempo la seguridad pública y el derecho a la legítima defensa.

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