Un proyecto científico iniciado en 2023 en Jalisco, liderado por el CentroGeo, la Universidad de Guadalajara (UdeG), la UNAM, la Universidad de Oxford, y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), utiliza cadáveres de cerdos y tecnologías geoespaciales para identificar patrones de fosas clandestinas, en un esfuerzo por abordar la crisis de 129,739 personas desaparecidas en México. Financiado parcialmente por el gobierno británico, el proyecto adapta técnicas de EE. UU., Europa, Colombia y los Balcanes para mejorar las búsquedas en un contexto donde se han detectado cerca de 6,000 fosas clandestinas desde 2007.
Metodología innovadora
El proyecto emplea cadáveres de cerdos, por su similitud anatómica con humanos, para replicar métodos de inhumación del crimen organizado, como encintado, uso de cal, quema de cuerpos, o entierros en fosas individuales y colectivas. Los restos se entierran vestidos, troceados o envueltos en cobijas, y se monitorean con:
- Drones equipados con cámaras hiperespectrales, sensores térmicos, y escáneres láser.
- Georradar y resistividad eléctrica para detectar cambios en el subsuelo.
- Análisis de nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio), flora (como el crecimiento anómalo de flores amarillas), y entomología forense.
Estas técnicas identifican alteraciones en el suelo, como niveles elevados de nitrógeno que fomentan el crecimiento vegetal, o cambios en la conductividad eléctrica, ayudando a priorizar áreas de búsqueda. Un hallazgo reciente destacó flores amarillas sobre fosas, corroborado por testimonios de buscadoras). En 2016, pruebas en Morelos con cámaras hiperespectrales demostraron que estas detectan entierros hasta tres meses después, aunque su eficacia depende del suelo y el clima.
Contexto y origen
El proyecto, inspirado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, responde a la pregunta de la esposa del investigador José Luis Silván: “¿Para qué sirve la ciencia si no resuelve problemas?”. Desde entonces, el equipo, liderado por Silván y Tunuari Chávez, ha analizado rutas delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que conectan puertos del Pacífico (usados para el tráfico de precursores de fentanilo) con la frontera norte. En Jalisco, donde se registran 15,500 desaparecidos, la mayoría de las víctimas son halladas en el mismo municipio donde desaparecieron, lo que permitió modelar variables espaciales y temporales para replicar fosas reales.
Un caso emblemático en 2023 corrigió la identificación de una adolescente de 17 años, registrada erróneamente como hombre de 34, demostrando la efectividad del enfoque interdisciplinario. Los ensayos con cal mostraron rastros detectables, a diferencia de hidrocarburos, ácido muriático o carne quemada.
Impacto y colaboración con colectivos
El proyecto, detallado en el libro Interpretando la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan, presentado en septiembre de 2024, involucró a 50 especialistas en disciplinas como botánica, entomología, y ecología del paisaje. La colaboración con ocho colectivos de buscadoras, como Guerreros Buscadores, es clave, ya que el 70% de las 1,400 fosas en Jalisco fueron halladas por familiares. Las buscadoras aportan conocimientos prácticos, como identificar fosas bajo ciertos árboles por la facilidad para cavar a la sombra.
La COBUPEJ y el Museo de Ciencias Ambientales (UdeG) han capacitado a madres buscadoras en el uso de drones con cámaras termosensibles y detectores químicos, mejorando la precisión de las búsquedas. Sin embargo, el doctor Eduardo Santana enfatizó que el objetivo no es solo encontrar fosas, sino prevenir desapariciones, señalando que estas son “síntomas de una sociedad en crisis”.
Retos y crisis de desapariciones
Jalisco, bastión del CJNG, lidera con 15,500 casos de desaparición, seguido por Tamaulipas y el Estado de México. Hallazgos recientes, como 240 bolsas con restos en Zapopan y un rancho en Teuchitlán, evidencian la magnitud del problema. La ONU y Amnistía Internacional han señalado que la desaparición forzada en México podría ser generalizada o sistemática debido a la complicidad o inacción de autoridades. Desde 2006, la militarización de la seguridad pública ha exacerbado la crisis, con un 99% de impunidad.
La renuncia de Teresa Guadalupe Reyes a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el 29 de julio y las reformas pendientes a la Ley General en Materia de Desaparición reflejan las tensiones con colectivos, que exigen mayor presupuesto y autonomí.
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