La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra el Poder Judicial por entorpecer los procesos de extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos. Según sus declaraciones en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, algunos jueces estarían otorgando amparos a criminales con el fin de frenar decisiones ya avaladas por el Consejo de Seguridad Nacional.
Como ejemplo, Sheinbaum citó la extradición de 29 narcotraficantes ejecutada el pasado 27 de febrero, describiéndola como una medida «extraordinaria» que evitó que los acusados recurrieran a la protección judicial para evadir la justicia internacional. Afirmó que este tipo de acciones reflejan la voluntad del Estado mexicano por combatir la impunidad con determinación.
Acusa interferencia de jueces y respalda críticas desde Washington
La mandataria también respondió a cuestionamientos sobre un presunto acuerdo para entregar a 40 criminales más, y aprovechó para retomar las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio. En un video difundido durante la conferencia, Rubio afirmó que «la corrupción judicial en México es muy poderosa». Aunque celebró la entrega masiva de criminales, advirtió que la cooperación bilateral sigue viéndose afectada por la penetración del crimen organizado en los tribunales mexicanos.
«Nos enviaron veinte y pico de personas que habían sido solicitadas desde hace años. Fue una extradición sin precedentes. Sin embargo, muchos casos siguen estancados por la corrupción o la influencia dentro del aparato jurídico mexicano», citó Sheinbaum, replicando parte del mensaje del legislador estadounidense.
La presidenta reiteró que, si bien todos los acusados deben tener acceso a sus derechos y garantías individuales, el uso indiscriminado del amparo se ha convertido en una herramienta para obstruir decisiones previamente evaluadas por el Consejo de Seguridad. Consideró que el nuevo Poder Judicial debe erradicar las prácticas que, en la práctica, perpetúan la impunidad.
Además, Sheinbaum subrayó que el Ejecutivo contempla medidas para proteger a jueces que estén siendo intimidados por grupos criminales. Sin embargo, puntualizó que esa presión no puede convertirse en justificación para frenar el avance contra los principales generadores de violencia en el país, quienes deben responder ante la justicia, nacional o extranjera.
Exigen reforma judicial y límites al uso del amparo
En este contexto, diversas organizaciones civiles han exigido una reforma integral del sistema judicial que incluya una revisión a fondo de la figura del amparo. Argumentan que este recurso, si bien es esencial para proteger los derechos humanos, ha sido utilizado como escudo por criminales de alto perfil para evadir procesos judiciales. La falta de consecuencias para jueces que otorgan resoluciones cuestionables también ha generado desconfianza ciudadana hacia el aparato judicial.
Por su parte, analistas en materia de seguridad consideran que los casos de extradición deben atenderse con mayor celeridad, especialmente cuando hay evidencia suficiente y colaboración entre gobiernos. El retraso sistemático en estos procedimientos no solo impide la justicia, sino que debilita la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Asimismo, en el Congreso se han planteado iniciativas para modificar los procesos de evaluación de jueces, de forma que se garantice su imparcialidad y se reduzca la posibilidad de que operen bajo presión o coacción. Legisladores de distintas bancadas coinciden en que se requiere una depuración del sistema, así como mayor vigilancia sobre resoluciones que favorecen a criminales peligrosos.
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