La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su inquietud ante la reciente decisión de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, de declararse culpable en Estados Unidos y colaborar con las autoridades norteamericanas. En su conferencia matutina del jueves 3 de julio, Sheinbaum destacó la necesidad de una mayor coordinación bilateral, particularmente entre las autoridades estadounidenses y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Lo que nosotros planteamos pues es esta situación y los impactos que tuvo una detención como se dio en el caso de Sinaloa”, subrayó Sheinbaum, al referirse a la captura de Guzmán en enero de 2023, una operación que —recordó— fue liderada por fuerzas mexicanas y costó la vida de elementos del Ejército.
Preguntas abiertas para EE. UU.
La mandataria mexicana fue clara al señalar que su gobierno “no defiende a nadie”, pero considera necesario abrir un debate sobre el papel que ha jugado Estados Unidos en el proceso judicial de Ovidio Guzmán. Cuestionó abiertamente:
“¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos sobre las organizaciones criminales en México? ¿Y qué está haciendo?”
Estas declaraciones surgen luego de que se conociera que la Fiscalía federal de Nueva York retiró los cargos por narcotráfico contra Ovidio Guzmán, luego de que este aceptara renunciar a su juicio en esa corte y optara por enfrentar sentencia en Chicago. Según medios estadounidenses, este movimiento buscaría evitar una condena de cadena perpetua y se habría dado en paralelo con el ingreso reciente a Estados Unidos de 17 familiares del capo, incluidas su madre, Griselda López, y su esposa, lo que ha despertado sospechas sobre un posible acuerdo extrajudicial.
Un caso de alto impacto
La detención de Ovidio Guzmán desató una jornada violenta en Sinaloa y ha sido uno de los golpes más visibles del gobierno mexicano al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el reciente viraje del caso en tribunales estadounidenses reabre cuestionamientos sobre la falta de transparencia en la cooperación judicial y diplomática entre ambos países.
Desde el gobierno federal se insistió en que este tipo de casos deben ser abordados con mayor claridad institucional y diálogo directo, en especial cuando México asume el costo operativo y humano de las detenciones, mientras las decisiones judiciales se resuelven en cortes extranjeras.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni la Cancillería mexicana han emitido una postura oficial sobre el posible acuerdo de colaboración de Ovidio Guzmán con las autoridades estadounidenses.
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