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    Claudia Sheinbaum rechaza auditoría internacional sobre obras como el Tren Maya y Dos Bocas: «No se necesita»

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió esta mañana a la solicitud del expresidente Ernesto Zedillo, quien pidió auditar de forma internacional e independiente obras emblemáticas del sexenio anterior, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. La mandataria descartó la necesidad de esta revisión externa y defendió la legitimidad y beneficios de los proyectos impulsados por la llamada Cuarta Transformación.

    Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada por el planteamiento de Zedillo, quien en una carta pública propuso auditar profesionalmente dichas obras para conocer sus costos reales y beneficios perdidos, señalando además los posibles impactos ecológicos, especialmente en la península de Yucatán.

    Defensa del Tren Maya y Dos Bocas

    La presidenta defendió particularmente el Tren Maya, uno de los proyectos insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, resaltando su impacto turístico y simbólico para el país:

    Asimismo, reiteró que no se requiere un auditor internacional para evaluar estas obras, ya que esa función ya la cumple la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano independiente designado por el Congreso.

    La petición del exmandatario, quien gobernó México de 1994 a 2000, busca evaluar obras que —según él— fueron construidas por motivos políticos más que estratégicos. Zedillo ha calificado al Tren Maya y a Dos Bocas como “caprichos” de López Obrador, cuestionando el nivel de planeación y el impacto ambiental, incluyendo afectaciones a cenotes, ríos subterráneos y ecosistemas protegidos.

    En contraste, Sheinbaum ha reiterado que estas obras no solo son necesarias para el desarrollo del país, sino que representan un cambio de paradigma frente al modelo neoliberal que priorizó la privatización de infraestructuras públicas.

    Un debate entre visiones de país

    Este intercambio entre Sheinbaum y Zedillo refleja la confrontación de dos modelos de gestión pública: uno que defiende la inversión estatal como motor del desarrollo social, y otro que aboga por la intervención de organismos independientes y mecanismos de transparencia externos para vigilar el uso de recursos públicos.

    Por ahora, la presidenta ha dejado claro que no habrá auditoría internacional adicional y que los proyectos seguirán bajo la supervisión de los órganos autónomos del Estado mexicano.

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