La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente la gravedad del embarazo infantil en México y respaldó las denuncias difundidas por colectivos feministas sobre casos documentados de niñas madres entre los 10 y 12 años. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que estos casos deben ser investigados y subrayó que pueden constituir delitos penales por abuso sexual infantil.
“Claro que se tienen que investigar y pueden ser casos de delito penal”, afirmó la mandataria. “Los colectivos tienen razón”, agregó al referirse a las denuncias.
Un problema estructural de violencia de género
El tema resurgió con fuerza luego de que un listado viralizado por activistas y organizaciones feministas expusiera nacimientos registrados oficialmente en México donde las madres eran niñas de entre 10 y 12 años, según cifras de la Secretaría de Salud federal. En muchos de estos casos, los presuntos padres eran hombres adultos entre los 30 y 65 años, lo que revela patrones de abuso y explotación infantil.
Una segunda base de datos reveló también casos de mujeres mayores de edad que figuran como madres, pero cuyos hijos fueron registrados con padres mucho mayores, en ocasiones con más de 70 años de diferencia.
La presidenta subrayó que las leyes mexicanas están diseñadas para proteger a las menores, y reiteró que el Estado tiene la obligación de intervenir ante cualquier indicio de abuso o embarazo forzado.
“La interrupción legal debe estar garantizada”
Por su parte, la exministra de la Suprema Corte y actual senadora Olga Sánchez Cordero se sumó a la discusión y exigió que el aborto sea despenalizado en todos los estados del país, especialmente cuando se trata de niñas o adolescentes.
“¡La interrupción legal del embarazo debería estar regulada en todos los códigos penales del país y proceder aún sin el acompañamiento de los padres cuando sea una niña o adolescente!”, escribió en su cuenta de X.
Las consecuencias de ser madre siendo niña
Diversos organismos, incluyendo la Secretaría de las Mujeres (antes Inmujeres) y UNICEF, han advertido de forma reiterada que el embarazo infantil no es solo un problema de salud pública, sino un factor que vulnera de forma sistémica los derechos humanos de las niñas.
El reporte “Abuso sexual y embarazo forzado en la niñez y adolescencia” del UNICEF enfatiza que un embarazo en una niña menor de 15 años implica riesgos graves: desde prematuridad, complicaciones médicas y mayor riesgo de muerte, hasta consecuencias psicológicas y sociales, como la interrupción del derecho a la educación, la marginación laboral futura y la pérdida de oportunidades para su desarrollo integral.
Un llamado a la acción institucional
La presidenta Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno para abordar el problema desde una perspectiva de género, justicia y protección infantil. Señaló que la investigación de estos casos debe involucrar a autoridades de salud, seguridad, procuración de justicia y educación, y pidió no minimizar la dimensión estructural de estos delitos.
Organizaciones de la sociedad civil y expertas han insistido en que se requiere un enfoque interseccional e integral que incluya prevención del abuso, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, protección legal para las víctimas, así como educación con perspectiva de género en todos los niveles.
Este reconocimiento por parte del Ejecutivo Federal representa un paso significativo, pero aún queda por verse si las acciones concretas del Estado estarán a la altura de la urgencia y la magnitud del problema.
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