El caso del adolescente Erick Leonardo, fallecido durante un campamento de la academia militarizada Ollin Cuauhtémoc en Tlalnepantla, ha provocado indignación en Morelos y el Estado de México. Este fin de semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó sobre la detención de Angélica «N» y Juan Carlos «N», presuntos responsables del homicidio del menor, quien apenas tenía 13 años.
Los familiares de Erick denunciaron desde un principio que la muerte no fue accidental. Aseguran que el menor fue golpeado y torturado mientras participaba en actividades al aire libre el pasado 25 de abril. La versión oficial sigue bajo investigación, pero la detención de los dos implicados sugiere que hay pruebas sólidas en su contra.
La FGE logró obtener órdenes de aprehensión contra Angélica, quien se desempeñaba como instructora del campamento, y Juan Carlos, director de la academia. El juez valoró las pruebas presentadas y autorizó las capturas, que se efectuaron en coordinación con autoridades del Estado de México.
El operativo fue posible gracias a una colaboración entre fuerzas locales y federales, incluyendo la Guardia Nacional, la Policía de Morelos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). El lunes 28 de abril, ya se había realizado un cateo en la comunidad de Felipe Neri, dentro del mismo municipio.
La academia bajo la lupa
Este caso ha puesto en la mira el modelo de formación de academias militarizadas que, si bien buscan inculcar disciplina y valores, han sido señaladas en múltiples ocasiones por presuntos abusos. La academia Ollin Cuauhtémoc, en particular, enfrenta ahora una investigación integral que podría alcanzar a otros miembros del personal.
La Fiscalía, encabezada por Edgar Maldonado Ceballos, insistió en que la investigación se encuentra activa y que se buscará esclarecer todos los hechos para garantizar justicia. «El caso se sigue conforme a los procedimientos legales establecidos y se mantendrá a la ciudadanía informada sobre los avances», indicó la dependencia en un comunicado.
Según fuentes oficiales, no se descarta la participación de más personas en los hechos. Las líneas de investigación también incluyen negligencia institucional, omisiones del personal presente y encubrimiento.
Los familiares de la víctima han exigido que no haya impunidad y que el caso no quede archivado como un accidente. «Mi hijo no murió en un juego, murió porque alguien decidió golpearlo», declaró el padre del menor en medios locales. La sociedad civil también ha comenzado a organizarse para pedir una revisión de las actividades y permisos de este tipo de academias.
Mientras tanto, la FGE exhortó a posibles testigos o familiares de otros menores que hayan participado en actividades similares a que se acerquen a declarar.
También te puede interesar: FGR inicia proceso contra jueza que liberó a presunta operadora del CJNG
