La Cámara de Diputados avaló la reforma constitucional que obliga a quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno a renunciar a otra nacionalidad antes de registrarse.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes busquen competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
El dictamen fue aprobado en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Posteriormente, el Pleno avaló los artículos no reservados en lo particular y turnó el proyecto al Senado de la República para continuar con el proceso constitucional.
La modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. El objetivo es establecer que las personas que pretendan registrarse como candidatas para esos cargos no tengan otra nacionalidad o, si la poseen, renuncien a ella antes de solicitar su registro.
La propuesta no elimina la posibilidad de que los mexicanos tengan doble nacionalidad. El cambio se concentra en quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal, un gobierno estatal o la Jefatura de Gobierno capitalina.
Además, el texto plantea que quienes ejerzan esos cargos no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad durante su mandato. Tampoco podrán invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana ni acogerse a su protección diplomática.
La reforma entraría en juego para las elecciones de 2028
El cambio constitucional no tendría efectos inmediatos sobre quienes actualmente ocupan cargos de elección popular. De acuerdo con el dictamen aprobado por San Lázaro, los nuevos requisitos serán aplicables a partir de los procesos electorales correspondientes a 2028.
Esto significa que la disposición tendría impacto en el siguiente ciclo electoral federal y en los procesos locales que correspondan, una vez que concluya todo el procedimiento de reforma constitucional.
Para que el cambio entre en vigor todavía debe completarse el trámite legislativo. Al tratarse de una modificación constitucional, el proyecto deberá ser analizado por el Senado y, posteriormente, cumplir con las etapas previstas para este tipo de reformas.
La iniciativa surgió después de que el gobierno federal planteara modificar las reglas actuales para evitar que una persona con doble nacionalidad pueda competir por los principales cargos ejecutivos del país sin renunciar previamente a la nacionalidad extranjera.
Sheinbaum había defendido públicamente la propuesta bajo el argumento de que quienes ocupen la Presidencia o una gubernatura deben mantener una sola nacionalidad. La mandataria sostuvo que la reforma busca privilegiar los intereses nacionales y evitar posibles conflictos derivados de vínculos jurídicos con otro Estado.
La discusión abrió un nuevo debate sobre derechos políticos
El debate en San Lázaro también expuso posiciones encontradas sobre los alcances de la reforma. Morena y sus aliados defendieron la modificación como una medida relacionada con soberanía y vínculos jurídicos exclusivos con México.
La oposición, en cambio, cuestionó que la doble nacionalidad pueda convertirse en una condición para limitar derechos políticos. Durante la discusión se plantearon argumentos relacionados con el derecho a la identidad y con las dificultades que existen en distintos países para renunciar formalmente a una nacionalidad.
Ese punto será relevante durante el análisis en el Senado, debido a que la reforma no plantea una prohibición general de la doble nacionalidad para los mexicanos. La restricción estaría vinculada específicamente con quienes busquen determinados cargos de elección popular.
El texto aprobado también establece que la renuncia a una segunda nacionalidad deberá realizarse antes de solicitar el registro de la candidatura, conforme a las reglas que posteriormente determine la legislación correspondiente.
La iniciativa presidencial había sido presentada en agosto. En aquella ocasión, el Gobierno de México explicó que la reforma buscaba aclarar un supuesto que, desde su perspectiva, no estaba definido con suficiente precisión en la Constitución respecto de personas mexicanas por nacimiento que además poseen otra nacionalidad.
La discusión también cobró relevancia por el contexto político de 2027 y 2028, debido a que las gubernaturas que estarán en disputa forman parte del siguiente ciclo electoral. Sin embargo, el requisito planteado comenzaría a aplicarse a partir de los procesos electorales de 2028, de acuerdo con las disposiciones aprobadas hasta ahora.
Por ahora, la reforma no es todavía una disposición constitucional vigente. El siguiente paso corresponde al Senado, donde deberá continuar su análisis antes de conocer si el proyecto obtiene los votos necesarios para completar el proceso de modificación constitucional.
Así, la decisión tomada en San Lázaro modifica el escenario para futuras candidaturas, pero todavía no constituye el cierre del procedimiento legislativo. El punto central de la discusión será ahora determinar si el Senado mantiene el requisito de nacionalidad única en los términos aprobados por los diputados.
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