Mientras millones de familias enfrentan la cuesta de enero, diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso iniciaron 2026 con decisiones que evidencian el contraste entre el discurso público y la realidad política. Por un lado, extendieron su periodo vacacional hasta después del Día de Reyes; por otro, avalaron medidas económicas que buscan contener la inflación y proteger el consumo básico. La combinación no pasó desapercibida en las principales columnas políticas del país.
De acuerdo con versiones difundidas en espacios de opinión, los legisladores regresarán formalmente a sus actividades hasta el 7 de enero, una vez concluido el periodo de asueto. Esta pausa ocurre después de que, en el cierre de 2025, aprobaran el Presupuesto de Egresos de 2026, documento que incluyó un aumento en sus percepciones anuales.
Según los cálculos difundidos, cada diputado percibirá durante 2026 alrededor de un millón 307 mil pesos anuales, considerando salario, aguinaldo y prestaciones adicionales como seguros. El incremento representa más de 113 mil pesos adicionales respecto al año anterior, en un contexto marcado por llamados oficiales a la austeridad y a la responsabilidad presupuestal.
Ajustes económicos y señales al mercado
En paralelo a estas decisiones internas del Poder Legislativo, el gobierno federal arrancó el año con un decreto orientado a contener la inflación. La administración de Claudia Sheinbaum anunció la exención temporal de aranceles para diversos productos de la canasta básica, entre ellos carnes, leche, granos, aceites y pescado. La medida forma parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía y del llamado Plan México.
El objetivo, según lo expuesto por el Ejecutivo, es estabilizar precios y garantizar el abasto de alimentos esenciales en los primeros meses del año. La estrategia plantea abrir importaciones de manera controlada mientras se fortalece la producción nacional, con la promesa de retirar el beneficio una vez alcanzados niveles suficientes de autosuficiencia.
Esta política fue interpretada por analistas como una intervención directa del Estado en el mercado para proteger el consumo interno, en un momento en el que la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas de los hogares mexicanos.
Decisiones judiciales y señales políticas
Otras decisiones recientes del nuevo gobierno también generaron reacciones en distintos sectores. En particular, la cancelación anticipada del decreto que permitía la regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, fue bien recibida por la industria automotriz formal. La medida puso fin a un esquema que, según empresarios del sector, incentivaba prácticas cercanas al contrabando.
Incluso en la Suprema Corte se interpretó la decisión como un alivio, al retirar de la agenda un tema que anticipaba un debate intenso entre ministros. No obstante, persisten dudas sobre la reacción de los grupos que se beneficiaban de la importación irregular de estos vehículos.
Entre privilegios y control de precios
El arranque de 2026 deja así una postal compleja: legisladores con ingresos en aumento y vacaciones extendidas, frente a un Ejecutivo que apuesta por decretos para contener precios y enviar señales de control económico. Para la opinión pública, el contraste vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la congruencia entre las decisiones políticas y las condiciones reales que enfrentan la mayoría de los ciudadanos.
En los próximos meses, la efectividad de las medidas contra la inflación y el impacto de los beneficios otorgados a la clase política serán parte central de la discusión pública.
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