Durante casi una década, Édgar Veytia, exfiscal general de Nayarit conocido como El Diablo, transformó su cargo público en una maquinaria criminal al servicio del narcotráfico. En lugar de proteger a la ciudadanía, dirigió una red de represión, tortura, despojos y asesinatos, amparado por el poder político estatal y un sistema de justicia cooptado.
Un reciente reportaje de Los Ángeles Times detalla cómo Veytia acumuló propiedades, vehículos y lujos mediante sobornos, mientras utilizaba a la policía estatal como fuerza de choque para eliminar adversarios, extorsionar ciudadanos y proteger a cárteles afines. Bajo su dirección, la fiscalía dejó de combatir el crimen para convertirse en su aliada, consolidando una “pax narca” basada en el exterminio de grupos rivales y el control absoluto del territorio.
De “justiciero” a operador del narco
El ascenso de Veytia fue respaldado por el entonces gobernador Roberto Sandoval, hoy detenido por corrupción. Juntos establecieron un esquema vertical en el que la fiscalía, la policía y el aparato político respondían a una misma lógica: rentabilizar la criminalidad.
Nayarit, una entidad con apenas 1.2 millones de habitantes, se convirtió en una zona estratégica para el trasiego de drogas entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco. En su capital, Tepic, aparecieron cadáveres colgados de puentes, ejecuciones diarias y métodos de tortura grotescos. Veytia confesó que bajo su mandato, cuerpos mutilados eran depositados en latas de maíz como una siniestra alusión al platillo mexicano pozole.
El colapso del mito y la colaboración con EE. UU.
En marzo de 2017, la fachada de fiscal implacable se vino abajo. Veytia fue arrestado por autoridades de Estados Unidos en la frontera de San Diego. Dos años más tarde, se declaró culpable de narcotráfico y colaboró con fiscales en Nueva York en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.
Durante ese proceso, Veytia afirmó que recibió órdenes para proteger a operadores de Joaquín “El Chapo” Guzmán, supuestamente provenientes del expresidente Felipe Calderón y del propio García Luna, aunque ambos han negado las acusaciones.
Gracias a su cooperación, Veytia obtuvo una reducción de condena y fue liberado en febrero de 2025 tras cumplir menos de ocho años en prisión. Actualmente reside en el noreste de Estados Unidos, aunque México ha solicitado su extradición por delitos de tortura, secuestro y desaparición forzada.
Las víctimas no olvidan
A pesar de su liberación, el legado de terror de Veytia persiste. En junio pasado, cinco familias de Nayarit interpusieron una demanda civil en su contra ante una corte federal en Washington, D.C., bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura.
Entre los testimonios está el de Gerardo Montoya, quien fue obligado a ceder su propiedad bajo amenaza de muerte tras ser golpeado por policías estatales y presentado ante Veytia. Su esposa, Yadira Yesenia Zavala, denunció acoso sexual y extorsión.
Otro caso es el de Yuri Camacho Vega, exagente estatal, torturado por denunciar la protección de cárteles por parte de la policía. Relató haber sufrido simulacros de ahogamiento y amenazas a su familia.
El abogado de Veytia, Alexei Schacht, desestimó las denuncias como “extorsión” y afirmó que su cliente “ya pagó su deuda”. Sin embargo, expertos coinciden en que su caso expone una de las mayores fallas estructurales del Estado mexicano: la impunidad sistémica de los altos funcionarios coludidos con el crimen organizado.
Un modelo de crimen institucionalizado
Durante su juicio, Veytia admitió haber recibido al menos un millón de dólares en sobornos, además de relojes de lujo y favores. Confesó su participación directa en al menos 10 asesinatos y numerosas torturas, siempre con apoyo institucional.
Analistas y académicos han advertido que el hecho de que figuras como Veytia, García Luna y otros sean procesados solo en tribunales estadounidenses y no en México refleja una crisis profunda en el sistema de justicia nacional.
Su historia no es solo la de un fiscal corrupto. Es la de un modelo de poder que diluyó la frontera entre Estado y crimen, y que sigue vigente en muchas regiones del país donde las víctimas aún esperan justicia.
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