Un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Baja California y a otros siete imputados por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que en los próximos días se definirá si son vinculados a proceso.
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permanecerá bajo prisión preventiva mientras un juez determina si será vinculado a proceso por su presunta participación en una red dedicada al llamado huachicol fiscal, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La medida cautelar fue dictada al término de una audiencia que se prolongó por más de un día, durante la cual el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar las imputaciones por delincuencia organizada y contrabando contra ocho personas.
De acuerdo con la FGR, la investigación se centra en un presunto esquema de importación ilegal de combustibles mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.
Además de Ruffo Appel, también fueron imputados Ricardo Thompson Navarro, Armando Riestra Fernández, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Antonio Barrientos, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
Como parte de la resolución judicial, Ernesto «N», Ricardo «N», José «N», Juan «N» y Luis «N» fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social número 1 «Altiplano», en el Estado de México.
En tanto, José María «N» y Guillermo «N» permanecerán bajo resguardo en sus domicilios debido a problemas de salud, mientras que Adriana «N» fue internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
La investigación apunta a una presunta red de contrabando de combustible
La FGR informó que las detenciones fueron resultado de una investigación iniciada en julio de 2025, relacionada con un presunto esquema para introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones aduaneras falsas, reportando menores volúmenes de combustible o clasificando la mercancía como otros productos para evitar el pago de contribuciones.
Según la Fiscalía, durante las investigaciones fueron asegurados 129 ferrotanques y más de 15 millones de litros de combustible presuntamente introducidos de manera irregular al territorio nacional.
Asimismo, la dependencia sostiene que estas operaciones habrían provocado un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública por el incumplimiento en el pago de impuestos relacionados con 15 millones 299 mil 830 litros de combustible.
Las autoridades también vinculan al exmandatario con la empresa Ingemar, de la cual es señalado como principal accionista. De acuerdo con la carpeta de investigación, esa compañía habría participado en operaciones logísticas relacionadas con la importación de combustibles dentro del esquema investigado.
Defensa solicita más tiempo para definir la situación jurídica
Tras la presentación de las imputaciones, la defensa de los ocho acusados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez fijó un nuevo plazo para resolver si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.
Mientras tanto, la medida cautelar de prisión preventiva continuará vigente para los imputados enviados a centros penitenciarios.
Antes de que se conociera la resolución, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, pidió mediante redes sociales que se respeten la presunción de inocencia y el debido proceso. Además, afirmó que su padre acudió voluntariamente a comparecer ante las autoridades y negó que haya intentado evadir la acción de la justicia.
Por su parte, Ernesto Ruffo ha rechazado las acusaciones y sostiene que la empresa Ingemar únicamente realizaba servicios de logística e importación, sin participar en actividades ilícitas.
La situación jurídica de los ocho imputados será definida en los próximos días, cuando el juez determine si las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para iniciar formalmente el proceso penal.
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