Un juez del Estado de México declaró culpable a María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, por el delito de homicidio calificado en agravio del síndico municipal y su chofer, asesinados en enero de 2023. La resolución judicial confirmó que las víctimas fueron enviadas de manera deliberada a una zona controlada por grupos delincuenciales, bajo instrucciones directas de la entonces alcaldesa, lo que derivó en su ejecución. El fallo marca un precedente en la persecución penal contra exautoridades municipales vinculadas con estructuras criminales y pone el foco en la colusión entre poder local y delincuencia organizada.
La investigación, a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acreditó que las víctimas —identificadas con las iniciales G.J.R. y M.A.L.C.— fueron obligadas a trasladarse a un punto considerado de alto riesgo, con presencia de un grupo criminal con orígenes en Michoacán. De acuerdo con el expediente, no se trató de un acto fortuito ni de una omisión, sino de una decisión calculada para facilitar el ataque. El móvil, según la autoridad, fue mantener el control político y administrativo del ayuntamiento.
Las indagatorias establecieron que Martínez Robles ordenó directamente la agresión, utilizando intermediarios vinculados a la organización delictiva. Con ello, la fiscalía logró sostener la hipótesis de autoría intelectual, un elemento clave para la sentencia. El juzgador consideró probados los vínculos, la planeación y la intención, por lo que dictó el fallo condenatorio por homicidio calificado.
La investigación y el fallo judicial
El proceso judicial avanzó con la presentación de testimonios, análisis de comunicaciones y reconstrucciones de los hechos. La fiscalía expuso cómo, desde la estructura municipal, se tomaron decisiones para exponer a las víctimas. El juez subrayó que el uso del cargo público para facilitar un crimen agrava la responsabilidad penal.
La audiencia de individualización de sanciones quedó programada para este martes. En ella se definirá la pena que enfrentará la exfuncionaria, conforme a los parámetros legales del Estado de México. Por la naturaleza del delito, la condena podría implicar una pena de prisión elevada.
La detención de Martínez Robles se dio en el marco de la denominada “Operación Enjambre”, un despliegue coordinado entre autoridades federales y estatales para desarticular redes criminales con presencia en gobiernos municipales. En el operativo participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad estatal.
Operación Enjambre y el alcance del caso
La fiscalía mexiquense informó que, hasta el momento, la Operación Enjambre ha derivado en sentencias condenatorias contra 10 de los 16 objetivos detenidos. El caso de Amanalco destaca por involucrar directamente a una exalcaldesa y por la acreditación de vínculos con un grupo criminal para resolver disputas internas de poder.
Especialistas consultados señalan que el fallo envía una señal clara sobre la responsabilidad penal de quienes, desde cargos públicos, facilitan o instruyen delitos graves. Además, refuerza la línea de investigación sobre la infiltración criminal en ayuntamientos, un problema recurrente en diversas regiones del país.
El homicidio del síndico y su chofer ocurrió el 25 de enero de 2023. Desde entonces, el caso se convirtió en un símbolo de la violencia política local y de los riesgos que enfrentan funcionarios cuando chocan con intereses ilícitos. Con la sentencia de culpabilidad, el proceso entra en su fase final, mientras se define la pena.
La resolución también reaviva el debate sobre los controles y contrapesos en los gobiernos municipales, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, vigilancia y rendición de cuentas para evitar que el poder local sea capturado por organizaciones criminales.
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