Autoridades de Nayarit confirmaron por primera vez la ubicación del exgobernador priísta Ney González Sánchez, prófugo desde 2022, y aseguraron que ya se puso en marcha el proceso formal para lograr su extradición. La subfiscal Ludmila Heredia Verdugo reveló que el exmandatario se encuentra en un país de América del Norte, aunque evitó precisar cuál, y señaló que México ya cumple con los requisitos exigidos por ese gobierno para avanzar en el caso. Las autoridades sostienen que los delitos imputados siguen vigentes, que no han prescrito y que los amparos promovidos por el exgobernador han sido rechazados por jueces federales. El caso forma parte de un expediente más amplio que incluye presunto desvío de recursos públicos, operaciones ilícitas y presunta red de empresas fantasma.
Investigación y primer reconocimiento oficial de su paradero
La subfiscal Heredia Verdugo sostuvo que, aunque durante años se manejaron versiones contradictorias sobre el paradero de González Sánchez, esta es la primera ocasión en la que se tiene certeza del país en el que se encuentra. Explicó que el proceso para su extradición comenzó en 2023, aunque avanzó lentamente. Durante 2025, dijo, se obtuvieron confirmaciones formales que permitieron reactivar la ruta legal para traerlo ante la justicia mexicana.
A mediados de noviembre, la fiscal de Control Competencial de la FGR, Cristina Reséndiz Durruti, confirmó la existencia de una orden de aprehensión vigente desde 2023 relacionada con la denuncia del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA). Sin embargo, en ese momento no se informó ninguna localización precisa, algo que recién se confirmó ahora.
Heredia Verdugo afirmó que todos los amparos promovidos por González Sánchez han sido negados por jueces federales. Según explicó, los jueces consideran que los argumentos sobre prescripción deberán discutirse directamente en un proceso contradictorio, lo que implica que el exgobernador debe presentarse ante un tribunal. La funcionaria subrayó que esta situación fortalece la posición de la fiscalía para solicitar su extradición.
El exgobernador enfrenta imputaciones por administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude mediante simulación de actos jurídicos. También se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos en perjuicio del FIBBA, la hacienda pública y la sociedad nayarita.
Extradición y obstáculos legales
En torno al proceso de extradición, la subfiscal detalló que el país donde se encuentra González Sánchez pidió asegurar el principio de doble criminalidad, requisito que exige que los delitos imputados también sean considerados delitos en ese territorio. Señaló que este punto ha sido complejo debido a diferencias entre los sistemas legales, ya que México opera con derecho escrito mientras que ese país se rige en gran parte por sistemas consuetudinarios y juicios con jurado.
Aun así, Heredia Verdugo aseguró que el proceso avanza sin trabas determinantes y que, hasta ahora, ninguna autoridad extranjera ha rechazado la solicitud mexicana. Añadió que existe evidencia que abarca más de una década de presuntas irregularidades, desde 2005 hasta 2021, que involucran continuidad entre distintas administraciones estatales, incluyendo la del también exgobernador priísta Roberto Sandoval, procesado por casos relacionados con escrituras, pagos y manejo de reservas de dominio.
La subfiscal afirmó que esta continuidad ha sido clave para que los jueces determinen la inexistencia de prescripción en los delitos imputados, ya que se considera que hubo una cadena de actos sucesivos vinculados entre sí.
También destacó que la investigación vincula a González Sánchez con presuntas empresas fantasma que operaban mediante familiares directos. Este punto, dijo, refuerza la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y abre la puerta a delitos adicionales vinculados con corrupción administrativa.
En Nayarit, las autoridades sostienen que se encuentran en la fase final para formalizar la extradición. De confirmarse, González Sánchez deberá enfrentar un proceso judicial amplio que incluye imputaciones por desvío de recursos, ejercicio indebido del cargo y presunta red criminal destinada a despojar bienes públicos.
También te puede interesar: ¿Por qué Ismael «El Mayo» Zambada pide retrasar sentencia por 90 días en EE. UU.?
