La Fiscalía General de la República (FGR) buscará impedir hoy miércoles, 19 de noviembre la liberación anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante una audiencia decisiva en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. La diligencia podría definir si el político deja la prisión después de casi ocho años recluido, pese a que ha cumplido el 95% de su condena por lavado de dinero y delincuencia organizada. El caso vuelve a encender el debate público sobre los privilegios, el impacto político y la ruta legal que ha intentado seguir el exmandatario veracruzano desde 2017. La sesión de hoy se reprogramó luego de que, el 11 de noviembre, la FGR no presentó a los testigos citados, lo que retrasó el proceso y generó inconformidad entre las partes.
Audiencia clave en el Reclusorio Norte
La jueza Angela Zamorano Herrera será quien decida si Duarte cumple los requisitos legales para obtener el beneficio de liberación anticipada. La FGR presentará a seis testigos con la intención de demostrar que aún existen elementos para que el exgobernador permanezca en prisión hasta el cumplimiento total de su sentencia, previsto para abril de 2026. Duarte fue detenido en Guatemala en 2017 y extraditado a México ese mismo año. En 2018 se declaró culpable y recibió una condena de nueve años.
La defensa sostiene que el político ha mostrado buen comportamiento penitenciario, participa en actividades de reinserción social y está en condiciones de abandonar el penal antes de tiempo. El equipo legal también integró a varios testigos para sostener que Duarte ha satisfecho casi la totalidad de la condena y mantiene estabilidad conductual. Según sus abogados, el exgobernador debería salir cinco meses antes del cumplimiento del 100% de su pena.
Por su parte, la Fiscalía insiste en que no están dadas las condiciones para liberar a Duarte, ya que aún hay elementos relacionados con su proceso que deben mantenerse en análisis. La institución argumenta que su liberación podría generar incertidumbre jurídica y considera indispensable que la jueza valore cada uno de los testimonios citados para evitar una decisión precipitada.
El caso ha provocado tensiones entre los equipos legales y la Fiscalía. Además, se han señalado posibles beneficios irregulares al interior del penal, debido a que Duarte habría tenido acceso a teléfono, áreas especiales y facilidades para recibir visitas, elementos que críticos del proceso consideran un reflejo de su peso político. La defensa ha respondido que estos recursos forman parte de su derecho a construir una adecuada estrategia legal antes de enfrentar la audiencia definitiva.
Posición del Gobierno federal y repercusiones políticas
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada el pasado 12 de noviembre sobre la inminente audiencia de Duarte. Reconoció que estaba enterada del avance de la condena, pero señaló que desconocía si existían otros procesos abiertos en su contra. “Me informan que está por cumplir su sentencia, más allá de la sanción moral y ética que tiene la sociedad”, dijo en conferencia matutina. Sus declaraciones fueron interpretadas como un mensaje de prudencia, aunque también como una señal de que el gobierno federal no intervendrá en las decisiones del Poder Judicial.
Para analistas, la resolución de hoy impactará directamente en la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción, ya que Duarte representa uno de los casos más emblemáticos de desvíos multimillonarios durante su administración en Veracruz. El resultado de la audiencia podría influir en el discurso político rumbo al próximo año, en medio de reclamos ciudadanos que exigen mayores sanciones para los exfuncionarios señalados por abusos y enriquecimiento ilícito.
La expectativa para esta jornada es alta. La defensa adelantó que insistirá en que Duarte tiene derecho a una salida anticipada. Mientras tanto, la FGR buscará probar que no es procedente otorgarle ese beneficio. La jueza Zamorano Herrera tomará la decisión final luego de escuchar a las dos partes y revisar los elementos incorporados.
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