El gobierno capitalino anunció que dará seguimiento activo a las denuncias por pinchazos dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de que se confirmaran al menos 65 casos reportados por personas usuarias, algunos con la presencia de sustancias psicotrópicas detectadas en los análisis clínicos.
Durante una sesión informativa, las autoridades detallaron que, desde los primeros reportes, se han implementado acciones coordinadas con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), con el objetivo de investigar, prevenir y sancionar este tipo de conductas.
Confirmadas sustancias en varios casos
La titular de la FGJ-CDMX, Bertha Alcalde Luján, informó que seis casos presentaron robos presuntamente vinculados a los pinchazos, aunque ninguno ha sido tipificado como delito grave hasta el momento. Los exámenes toxicológicos realizados a las personas afectadas detectaron presencia de sustancias como THC, benzodiacepinas, fenciclidina y cocaína, aunque las cantidades encontradas no representaban un riesgo grave para la salud.
Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que estas prácticas representan una amenaza a la integridad física y emocional de las víctimas, por lo que se han activado protocolos de atención médica inmediata y pruebas toxicológicas a cualquier persona que reporte un posible caso.
Más de 5,800 policías desplegados en estaciones
Como parte de las medidas preventivas, el gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo especial con más de 5,800 policías para vigilar estaciones del Metro y otras formas de transporte público. Esta estrategia busca disuadir la comisión de nuevos ataques y brindar seguridad a los millones de usuarios que utilizan diariamente este sistema.
En paralelo, la jefa de gobierno Clara Brugada presentó una iniciativa de ley para tipificar los pinchazos como un delito específico, en los casos en los que se administren sustancias a otra persona sin su consentimiento, ya sea de manera oculta o mediante engaños.
De aprobarse, la propuesta establecería penas de 2 a 5 años de prisión, además de multas que podrían ir de 50 a 300 días, contra quienes cometan estos actos.
“Se trata de proteger a las personas usuarias del Metro, en especial a mujeres y jóvenes, que han sido las principales víctimas de estos ataques que atentan contra su seguridad y su derecho a transitar con libertad”, señaló Brugada en conferencia de prensa.
El gobierno capitalino reiteró su compromiso de dar seguimiento permanente a las denuncias, reforzar la presencia policial, y trabajar con colectivos y ciudadanía organizada para prevenir este tipo de violencia en los espacios públicos.
Asimismo, se exhortó a quienes hayan sufrido o presenciado algún incidente a denunciar ante la FGJ-CDMX o acudir a los módulos de atención que se instalarán de manera fija en puntos estratégicos del Metro.
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