El Gobierno de México rechazó las declaraciones del administrador de la DEA, Terrance C. Cole, quien afirmó que existe una «conexión mortal» entre los cárteles y el Estado mexicano. En respuesta, el Gabinete de Seguridad defendió la Estrategia Nacional de Seguridad, aseguró que los señalamientos carecen de sustento y presentó resultados sobre detenciones, decomisos y combate a la corrupción.
Las declaraciones del nuevo administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, abrieron un nuevo frente en la relación bilateral en materia de seguridad. Después de que el funcionario estadounidense afirmara que existe una «conexión mortal» entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno de México, el Gabinete de Seguridad respondió con un rechazo categórico y defendió los resultados de la estrategia implementada por la administración federal.
En un comunicado, el Gobierno de México calificó las afirmaciones como «carentes de sustento» y sostuvo que no corresponden con los resultados públicos obtenidos en el combate a la delincuencia organizada.
La postura oficial subraya que la política de seguridad se basa en el principio de cero impunidad y que las acciones emprendidas durante la actual administración reflejan el compromiso de las instituciones para combatir tanto a las organizaciones criminales como a servidores públicos que incurran en actividades ilícitas.
Como parte de su respuesta, el Gabinete de Seguridad informó que, entre el inicio del actual gobierno y el 30 de junio de 2026, fueron detenidas 59 mil 582 personas, entre ellas presuntos líderes e integrantes de distintos grupos delictivos.
Asimismo, reportó el aseguramiento de 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de drogas. Entre los decomisos destacó 2 mil 363 kilogramos de fentanilo, además de 5 millones 546 mil 100 pastillas de esa sustancia y la inhabilitación de 2 mil 627 laboratorios clandestinos.
México defiende que también investiga a funcionarios públicos
Uno de los principales argumentos del Gobierno mexicano para rechazar los señalamientos de la DEA fue la Operación Enjambre, estrategia que, de acuerdo con el comunicado oficial, permitió procesar a más de 80 servidores y exservidores públicos presuntamente relacionados con actividades delictivas.
Entre ellos figuran siete presidentes municipales en funciones, casos que, según el Gabinete de Seguridad, demuestran que no existe protección institucional para quienes violan la ley.
Además, el gobierno federal aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad contribuyó a una reducción del 48 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026.
Las autoridades sostuvieron que estos resultados reflejan una política permanente de combate al crimen organizado y de fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Las declaraciones de la DEA tensan nuevamente la relación bilateral
La respuesta del Gobierno mexicano surgió después de que Terrance C. Cole participara el pasado 13 de julio en la inauguración de la primera cumbre Fentanyl Free America, donde aseguró que la DEA dirigirá todos sus esfuerzos contra los narcotraficantes y quienes facilitan sus operaciones.
Durante su discurso, el funcionario afirmó que existe una «conexión mortal entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano» e incluso sostuvo que ambas estructuras «son una y la misma», declaraciones que fueron rechazadas por el Gabinete de Seguridad.
Cole también destacó los resultados obtenidos por la DEA durante la administración del presidente Donald J. Trump, al señalar que la agencia logró incautar más de 568 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo como parte de sus operaciones contra el tráfico de esa droga.
Pese al intercambio de posturas, el Gobierno de México reiteró que mantiene su disposición para fortalecer la cooperación con Estados Unidos en el combate a las organizaciones criminales transnacionales.
Finalmente, el Gabinete de Seguridad sostuvo que la colaboración bilateral continuará desarrollándose bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, al tiempo que recordó que los mecanismos de cooperación entre ambos países han permitido la captura de diversos objetivos prioritarios requeridos por la justicia estadounidense.
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