La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron de manera categórica las declaraciones del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier de Frouville, quien alertó sobre la presunta existencia de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en México.
En respuesta, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) afirmó mediante un comunicado oficial que el Gobierno de México no consiente, permite ni ordena desapariciones de personas como parte de una política de Estado. Además, reiteró su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y la atención a las causas estructurales de la violencia.
Respuesta ante procedimiento internacional
El pronunciamiento de SEGOB se produjo luego de que el CED anunciara el inicio del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo cual podría derivar en la intervención de la Asamblea General de la ONU si se concluye que en México existen prácticas sistemáticas de desapariciones forzadas.
“Recibimos informaciones que, en nuestra opinión, contienen fundamentos suficientes para sostener que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio mexicano”, declaró Olivier de Frouville.
Ante esto, el gobierno mexicano señaló que analizará la solicitud una vez que sea recibida formalmente, con el fin de compartir las acciones, políticas y programas que se implementan a escala nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones.
Asimismo, el Ejecutivo federal reiteró que México continuará colaborando con el Comité, en apego a sus compromisos internacionales, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos que permitan contar con información fidedigna sobre el contexto actual en el país.
CNDH califica los señalamientos como “descontextualizados”
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, sostuvo que las declaraciones del representante de la ONU fueron sacadas de contexto y descartó que en México exista una crisis de desapariciones forzadas atribuible a una política sistemática de Estado.
La institución argumentó que atribuir al actual gobierno federal la responsabilidad directa sobre la problemática de desapariciones es un señalamiento impreciso y desproporcionado, considerando el esfuerzo que, aseguran, se ha desplegado para atender la problemática de manera integral.
El contexto de la desaparición en México
Según la organización Causa en Común, durante el sexenio pasado se registraron más de 53 mil personas reportadas como desaparecidas, con una impunidad estimada del 99% en este tipo de crímenes.
Si bien el fenómeno tiene raíces estructurales y de larga data, el debate internacional ha escalado recientemente por la preocupación de organismos como la ONU respecto al nivel de atención y efectividad de las acciones implementadas en el país.
El Gobierno de México ha insistido en que la estrategia de seguridad nacional prioriza el combate a las causas de la violencia, y subraya que su enfoque en la prevención, la justicia social y la coordinación institucional es distinto al de administraciones anteriores.
En este marco, el Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum reafirma su disposición al diálogo internacional y su intención de cooperar con instancias multilaterales para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país, sin aceptar señalamientos que, a su juicio, no reflejan con precisión el contexto actual ni los esfuerzos emprendidos.
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