La controversia por el feminicidio de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo Temapache, ha escalado tras revelarse que el médico presentado por el gobierno de Veracruz para explicar su causa de muerte no era forense ni practicó la necropsia. La propia gobernadora Rocío Nahle lo mostró ante la prensa como perito, lo que podría configurar una manipulación de información oficial en un caso altamente sensible.
El 28 de julio, Nahle aseguró en conferencia que la muerte de Irma fue por un infarto posterior a agresiones físicas, y para respaldarlo, presentó a José Eduardo Márquez Nava como “el doctor que hizo la necropsia”.
«Aquí está el doctor que hizo la necropsia, él es», dijo Nahle ante medios, en un acto transmitido por redes. Márquez detalló que la víctima murió de un infarto tras haber sufrido múltiples lesiones físicas, aunque no internas. Con base en ello, Nahle insistió en que “la maestra fue violentada y después de ser violentada sufrió un infarto, les guste o no”.
Pero una búsqueda pública en el Registro Nacional de Profesionistas revela que Márquez Nava solo cuenta con una cédula como médico cirujano general (no forense), expedida en 2018. No tiene posgrado ni certificación alguna como perito legista. Además, medios como Milenio y Latinus informaron que se desempeña como médico de turno adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, no a la fiscalía.
El perito oficial nunca compareció ante medios
El verdadero procedimiento forense fue realizado por un médico legista adscrito a la Fiscalía General del Estado, quien no fue presentado públicamente. Según fuentes citadas por Milenio, la fiscalía rechazó enviar al perito a la conferencia por considerar que hacerlo podría violar el debido proceso.
Esto indica que el gobierno estatal sustituyó intencionalmente al perito oficial por un médico sin credenciales para posicionar su versión ante la opinión pública, una acción que ya es cuestionada por colectivos feministas y observadores jurídicos.
Indignación por narrativa oficial: «revictimización institucional»
Organizaciones y activistas en defensa de los derechos de las mujeres denunciaron que el manejo del caso por parte del gobierno de Veracruz revictimiza a Irma Hernández y representa un intento por minimizar responsabilidades del Estado.
“La narrativa de que murió de un infarto es una forma de encubrir la violencia extrema que sufrió. Y usar a un médico no calificado como vocero forense es gravísimo”, dijo a medios una vocera del colectivo Brujas del Mar.
El contexto del caso es brutal. Irma fue secuestrada por un grupo criminal el 18 de julio, obligada a grabar un video para intimidar a otros taxistas, y hallada sin vida seis días después. La explicación oficial, sin respaldo forense sólido, ha encendido la indignación pública.
Exigen transparencia y sanciones
Diversas voces han exigido una investigación sobre quién autorizó presentar a Márquez Nava como médico legista y si se violó la ley al falsificar su función pública.
Además, se ha pedido que la Fiscalía General del Estado publique de forma oficial el dictamen de necropsia validado, sin omitir detalles relevantes que puedan cambiar el curso de la investigación.
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