El gobierno de Claudia Sheinbaum transfirió más de 10 mil millones de pesos provenientes de fideicomisos del Poder Judicial Federal a la Tesorería de la Federación, sin notificar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Así lo dio a conocer este jueves Nacional Financiera (Nafin), por instrucción directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En total, fueron 10 mil 248 millones 430 mil pesos los que se trasladaron, pertenecientes a cuatro fideicomisos en los que participa el CJF. La institución financiera aclaró que actuó en representación del gobierno federal, siguiendo lineamientos de Hacienda. Sin embargo, el CJF acusó que nunca fue consultado ni instruyó dicha acción, pese a su papel como titular de los recursos.
CJF prepara estrategia legal ante la falta de consulta
A través de un comunicado, el CJF denunció que Nafin realizó la transferencia sin autorización y en contra de lo estipulado en los contratos vigentes. Por ello, anunció que ya ha iniciado un proceso de conciliación y analiza medidas legales para responder a lo que considera una acción irregular del Ejecutivo.
Estos recursos estaban destinados a cubrir pagos extraordinarios a jueces y magistrados que no resulten electos o que declinen su participación en el proceso de renovación del Poder Judicial. Así lo establece la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos transitorios de la reciente reforma judicial impulsada por el Congreso.
Los cuatro fideicomisos involucrados incluyen:
- Pensiones complementarias para jueces y magistrados jubilados: 5,458 millones 817 mil 587.99 pesos.
- Mantenimiento de casas habitación para magistrados y jueces: 71 millones 230 mil 195.16 pesos.
- Apoyos médicos y económicos extraordinarios a servidores públicos del Poder Judicial (excluyendo a la Suprema Corte): 80 millones 422 mil 479.98 pesos.
- Desarrollo de infraestructura para implementar reformas judiciales: 4,637 millones 960 mil 050.42 pesos.
Los montos provienen del reporte del último trimestre de 2024 emitido por el propio CJF.
Elección del Poder Judicial mediante voto popular
La polémica se enmarca en el contexto de la reforma judicial y la próxima elección de nuevos integrantes del Poder Judicial mediante voto popular. La ley establece que quienes decidan no participar o no resulten electos tendrán derecho a una compensación extraordinaria financiada con estos recursos.
El proceso electoral judicial fue aprobado en 2024 como parte de un paquete de reformas constitucionales que buscaban legitimar a los jueces y magistrados a través del sufragio directo. Por primera vez en la historia del país, los integrantes del Poder Judicial serán elegidos por voto ciudadano, un hecho que ha generado fuertes debates sobre la independencia judicial, la posible politización de los órganos jurisdiccionales y el control presupuestal que ahora ejerce el Ejecutivo sobre el destino de los recursos judiciales.
Diversos especialistas han advertido que el nuevo esquema podría derivar en una subordinación de jueces a intereses partidistas, mientras que el oficialismo sostiene que se trata de una medida democratizadora. Las elecciones están previstas para 2026, pero la reorganización financiera y administrativa ya comenzó.
El traslado unilateral de los fondos amenaza con abrir un conflicto legal entre el Ejecutivo y el CJF, y podría sentar un precedente sobre la autonomía del Poder Judicial frente al manejo presupuestal del gobierno federal.
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