A más de 16 años del incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 bebés y dejó 106 heridos, el caso sigue abierto en el plano judicial y social. El pasado 2 de agosto de 2025, organizaciones de padres y madres de las víctimas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la presidenta Claudia Sheinbaum la inmediata extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, señalada como una de las responsables directas de la tragedia.
En una carta pública, los familiares confirmaron que Téllez se encuentra detenida en el Centro de Detención de Eloy, Arizona, derivado de una ficha roja emitida por Interpol. La orden de reaprehensión en su contra, librada en 2022, busca que cumpla con una sentencia definitiva por su papel como socia propietaria del inmueble donde ocurrió el incendio el 5 de junio de 2009.
La molestia de las víctimas no es menor: acusan a las autoridades estadounidenses de mantener un “silencio sospechoso” sobre su detención y temen que se active una estrategia jurídica para evitar su regreso a México, concretamente mediante la solicitud de asilo político con el argumento de persecución política.
El incendio que marcó a México: omisiones, corrupción y muerte
La tragedia de la Guardería ABC es uno de los casos más documentados de negligencia institucional en la historia reciente del país. El inmueble operaba bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que permitió a particulares —entre ellos, personas cercanas a funcionarios públicos— administrar el cuidado de más de 150 menores con mínimos controles de seguridad.
El fuego se originó en una bodega adjunta, propiedad del Gobierno de Sonora, donde no había salidas de emergencia, el techo era de material inflamable y el sistema contra incendios no funcionaba. La rapidez con que se propagaron las llamas, sumada a la falta de salidas adecuadas, impidió que 49 bebés pudieran ser salvados. Otros 106 menores sufrieron quemaduras graves y daños físicos y psicológicos irreversibles.
La sociedad mexicana exigió justicia de inmediato. Las investigaciones revelaron una compleja red de responsabilidad que involucraba desde empleados de la guardería hasta altos funcionarios del IMSS y del gobierno estatal. Sin embargo, los procesos penales han sido dilatados, con sentencias reducidas, amparos concedidos y una percepción social de impunidad prolongada.
Sandra Lucía Téllez fue sentenciada inicialmente en 2016 a 28 años, 11 meses y 4 días de cárcel. Sin embargo, tras varios recursos legales, su condena se redujo drásticamente a 7 años y 7 meses. A pesar de ello, no cumplió la sentencia completa y actualmente tiene pendiente la orden de reaprehensión mencionada.
Temor de impunidad y llamado directo a Sheinbaum
Organizaciones de familiares alertan que una firma legal en Arizona ya trabaja en la solicitud de asilo político para Téllez, estrategia que, de ser exitosa, impediría su regreso a México. Ante este escenario, los padres firmantes piden a la presidenta Claudia Sheinbaum “empatía” y “solidaridad”, además de un firme compromiso institucional para evitar que el caso termine en el olvido.
“Pedimos al fiscal Gertz Manero y a la presidenta Sheinbaum que se haga todo lo necesario para que esta persona regrese a México y cumpla su condena. No se puede hablar de justicia sin responsabilidad”, señala la misiva.
En paralelo, diversos colectivos de derechos humanos han comenzado a presionar al gobierno mexicano para que garantice un debido proceso en caso de extradición, pero también para exigir justicia integral que incluya reparación del daño, acceso a la verdad y medidas de no repetición.
El caso Guardería ABC se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en México. Hoy, su resolución pende de un proceso internacional que podría definir si, finalmente, alguna de las responsables enfrenta las consecuencias que la ley y la sociedad exigen.
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