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    ICE captura en Nueva Jersey a exmagistrado prófugo por desapariciones y violación en Nayarit

    El ex subfiscal y exmagistrado del Poder Judicial de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, fue detenido en Nueva Jersey y se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras haber sido declarado prófugo de la justicia mexicana por casos de corrupción, violación y obstrucción de investigaciones de desaparición forzada.

    Detención bajo custodia migratoria

    De acuerdo con información confirmada por el ICE, Benítez Pérez permanece recluido en el Centro de Detención Contractual Elizabeth, en la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han precisado la fecha exacta de su arresto ni los motivos específicos del proceso migratorio que enfrenta, aunque se presume que su estancia en el país era irregular.

    Fuentes del Poder Judicial de Nayarit señalaron que la detención fue notificada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie los trámites de cooperación internacional que permitan su posible extradición. “El caso está siendo revisado por las autoridades migratorias y judiciales de EE. UU., mientras México prepara la documentación correspondiente”, indicó un funcionario que pidió el anonimato por no estar autorizado para declarar.

    Acusaciones por desapariciones y abuso de poder

    El exmagistrado fue señalado por la FGR tras la decisión del Congreso de Nayarit, el 21 de noviembre de 2024, de retirarle el fuero y su cargo como magistrado numerario. Con ello, la fiscalía federal pudo avanzar en las investigaciones por presunta obstrucción de las indagatorias sobre 39 desapariciones forzadas registradas desde 2017, cuando Benítez Pérez fungía como Director General de Investigación Ministerial.

    De acuerdo con los expedientes judiciales, se le acusa de destruir prendas, objetos y evidencias relacionadas con las víctimas, además de utilizar su posición para manipular procesos internos y proteger a servidores públicos presuntamente implicados. También enfrenta cargos por violación equiparada, ocurrida en 2018, en agravio de una empleada de la Fiscalía estatal, así como por tráfico de influencias y abuso de poder.

    Mensajes desde la clandestinidad

    A pesar de su condición de prófugo, Rodrigo Benítez Pérez continuó realizando publicaciones en su página de Facebook, desde donde acusó al gobernador de Nayarit y a varios funcionarios de alto nivel de participar en presuntos actos de corrupción y operaciones de huachicoleo. En uno de los mensajes más recientes, afirmó tener pruebas de “una red política y criminal que maneja los contratos de energía y combustibles en el estado”.

    Esas publicaciones, difundidas entre 2024 y 2025, atrajeron la atención de medios locales y de las autoridades estatales, que las calificaron como “un intento desesperado de desviar la atención de sus delitos”. Sin embargo, sus seguidores sostenían que se trataba de denuncias legítimas sobre el desvío de recursos y el encubrimiento de desapariciones forzadas.

    Proceso pendiente y posible extradición

    El Centro de Detención Contractual Elizabeth, donde permanece recluido, es una instalación operada bajo contrato con el ICE que aloja a personas sujetas a procesos de revisión migratoria o deportación, conforme a los estándares federales de supervisión. Desde ahí, el exmagistrado podría solicitar asilo o una revisión de su caso antes de ser deportado.

    Por su parte, la FGR informó que mantiene comunicación con el Departamento de Justicia de EE. UU. para definir si se solicitará formalmente la extradición. Hasta el cierre de esta edición, no existía una orden de captura internacional difundida públicamente por Interpol.

    El caso de Benítez Pérez reabre el debate sobre la corrupción judicial en Nayarit, una entidad que en los últimos años ha enfrentado escándalos por vínculos entre fiscales, jueces y redes criminales. En 2017, el entonces fiscal Edgar Veytia fue arrestado en EE. UU. por narcotráfico, un antecedente que hoy vuelve a colocar al estado en el foco de la justicia internacional.

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