A pesar de los avances jurídicos y de cooperación transnacional en los últimos años, los mecanismos implementados para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas siguen siendo insuficientes ante la magnitud del fenómeno, advirtió la Fundación para la Justicia en su más reciente informe, elaborado en colaboración con el Laboratorio de Justicia y Política Criminal.
Titulado “Mecanismos transnacionales existentes para la búsqueda e investigación en casos de personas migrantes desaparecidas”, el informe advierte que entre 72,000 y 120,000 personas migrantes, principalmente provenientes de Centroamérica, habrían desaparecido en México entre 2006 y 2016. Sin embargo, el número real permanece desconocido debido a la falta de registros adecuados y coordinación entre autoridades.
Una crisis documentada y sin resolver
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México contabiliza, hasta el 11 de septiembre de 2024, 329,627 personas desaparecidas desde 1964, de las cuales 115,462 siguen sin ser localizadas. El informe señala que miles de migrantes podrían estar entre esos casos, pero su condición irregular y la falta de denuncias formales complican su inclusión en las estadísticas oficiales.
La falta de vías seguras y legales para migrar empuja a las personas a rutas irregulares donde operan intermediarios conocidos como “coyotes” o “polleros”, muchos de ellos vinculados con redes delictivas y estructuras de trata de personas, lo que agrava su vulnerabilidad.
El informe resalta algunos esfuerzos positivos, como los Bancos de Datos Forenses de Migrantes No Localizados en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, que han permitido identificaciones concretas a través de técnicas multidisciplinarias y científicas.
- En El Salvador, hasta agosto de 2024, se realizaron 65 jornadas de toma de muestras genéticas, con 1,176 perfiles recolectados y 73 identificaciones (69 en EE. UU. y 4 en México).
- En Honduras, se llevaron a cabo 62 jornadas, con 1,870 perfiles genéticos y 80 identificaciones, 32 de ellas de restos localizados en territorio mexicano.
Este trabajo, según la Fundación, incluye la entrega presencial de los dictámenes periciales a los familiares, en su idioma y con explicaciones detalladas del proceso de identificación, fortaleciendo la transparencia y la confianza en las instituciones forenses.
La Comisión Forense y los casos emblemáticos
El informe también destaca la labor de la Comisión Forense, creada en 2013 tras las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas (2010-2011), y Cadereyta, Nuevo León (2012). De los 190 cuerpos recibidos, la comisión ha logrado identificar 97, es decir, el 51% de los casos.
Un dato clave es que el 44% de estas identificaciones fueron posibles gracias a las muestras forenses enviadas por bancos de datos en Centroamérica, en coordinación con familias y organizaciones civiles.
Una práctica distintiva de la Comisión Forense es la realización de entrevistas directas con los familiares, una estrategia poco común que permite recabar información contextual y establecer lazos de confianza, esenciales para los procesos de identificación e investigación.
MAEBI: un mecanismo útil pero frágil
Otro mecanismo abordado en el informe es el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI), creado en 2015 para canalizar denuncias desde embajadas y consulados mexicanos en Centroamérica, facilitando a familiares la posibilidad de iniciar procesos sin ingresar al país.
Si bien el MAEBI ha sido clave para romper barreras burocráticas y dar seguimiento a denuncias, el informe advierte que carece de estructura sólida, presupuesto suficiente y personal especializado. Además, su efectividad depende de la voluntad de fiscalías estatales y de su articulación con la Fiscalía General de la República, lo que ha resultado en investigaciones ineficaces o sin seguimiento.
Llamado urgente a fortalecer mecanismos y cooperación
La Fundación para la Justicia subraya que, si bien existen herramientas valiosas, la dimensión de la crisis de migrantes desaparecidos exige una respuesta mucho más robusta, coordinada y con enfoque regional.
“No basta con mecanismos simbólicos. Se requiere financiamiento, especialización, voluntad política y un enfoque de derechos humanos para hacer frente a esta tragedia que afecta a miles de familias en todo el continente”, concluye el informe.
El documento es un llamado urgente a los gobiernos de México y Centroamérica para fortalecer sus capacidades institucionales, garantizar acceso a la justicia a las familias y reconocer que, en esta crisis humanitaria, cada desaparición no documentada es una injusticia perpetuada en el silencio.
También te puede interesar: Gobierno de México analiza modelo de transporte para el Mundial 2026 sin desplazar a taxistas concesionados
