La jueza federal Ángela Zamorano Herrera negó la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pese a que su defensa alegó buena conducta dentro del penal del Altiplano. La resolución confirma que el exmandatario permanecerá en prisión hasta 2026, año en que concluye su condena de nueve años por delitos de corrupción. La Fiscalía General de la República sostuvo que Duarte no reúne los requisitos legales, ya que mantiene procesos activos y, además, ha intentado retrasar procedimientos judiciales. La negativa vuelve a colocar bajo escrutinio el historial del exgobernador y su papel en una de las redes de desfalco público más graves del país.
La jueza señala incumplimientos legales clave para otorgar la preliberación
Tras la audiencia, la jueza Ángela Zamorano Herrera concluyó que Duarte incumple dos de los siete requisitos de la Ley de Ejecución Penal. Entre ellos, el más determinante es que no debe estar sujeto a otros procesos judiciales. El exgobernador enfrenta una causa pendiente por desaparición forzada en Veracruz, donde se le acusó de entorpecer una investigación iniciada tras la desaparición de un taxista en 2013. Aunque obtuvo un auto de no vinculación, un tribunal deberá revisar el caso.
La resolución elimina, por ahora, cualquier posibilidad de que Duarte salga antes de abril de 2026, fecha en la que termina la sentencia que aceptó mediante un procedimiento abreviado en 2018. El exgobernador fue condenado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, delitos vinculados al desvío multimillonario documentado durante su administración.
Un caso marcado por desfalcos, empresas fantasma y abuso del poder
Duarte fue detenido en Guatemala en abril de 2017, tras una orden de captura internacional emitida por México. La Auditoría Superior de la Federación identificó desvíos por más de 60 mil millones de pesos durante su gobierno. También se detectó el uso de al menos 400 empresas fantasma creadas para lavar dinero y triangular recursos públicos. El daño alcanzó áreas sensibles como salud, educación y programas sociales.
Después de su extradición a México en julio de 2017, Duarte aceptó su culpabilidad para recibir una pena menor. Además, quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante el mismo periodo. Sin embargo, la magnitud del saqueo y sus consecuencias siguen siendo tema de indignación pública en Veracruz y en el país.
FGR acusa privilegios en prisión y tácticas para retrasar procesos
En la audiencia del 19 de noviembre, la Fiscalía presentó testimonios que buscaban demostrar que Duarte no merece la libertad anticipada. Cinco integrantes de la Fiscalía veracruzana declararon que el exmandatario recurrió a la simulación de enfermedades para frenar audiencias y retrasar procedimientos.
Denise Moreno Córdova, fiscal auxiliar de la Coordinación de Desaparición de Personas en Veracruz, recordó que durante la investigación del caso del taxista desaparecido en 2013, Duarte obstruyó el avance de la indagatoria. Los testigos también abordaron acusaciones de peculado e incumplimiento del deber público.
En el ámbito penitenciario, la FGJavier Duarte, Veracruz, Altiplano, FGR, libertad anticipada, Ángela Zamorano, desaparición forzada, corrupción, proceso judicial, empresas fantasma, ASF, desvíos, sentencia, justicia, México,R señaló supuestos privilegios otorgados a Duarte, como el uso de un teléfono celular, espacios diferenciados y facilidades para recibir visitas. La defensa argumentó que estas condiciones forman parte de su derecho a preparar su estrategia legal, pero críticos advJavier Duarte, Veracruz, Altiplano, FGR, libertad anticipada, Ángela Zamorano, desaparición forzada, corrupción, proceso judicial, empresas fantasma, ASF, desvíos, sentencia, justicia, México,ierten que reflejan la influencia política y económica que aún posee.
La determinación de la jueza cierra, al menos por ahora, cualquier margen para que Duarte deje el penal antes del fin de su condena. El caso seguirá en los tribunales por las causas pendientes que aún enfrenta.
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