Un entramado de despachos jurídicos, empresas fachada y millonarios contratos públicos ha salido a la luz en torno al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, su familia y presuntos vínculos con el crimen organizado. Diversas investigaciones periodísticas y judiciales apuntan a una red financiera vinculada al Cártel de los Beltrán Leyva, con conexiones directas al despacho familiar del mandatario y su círculo más cercano.
Del Congreso al millonario ascenso fiscal
La Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA), fundada por Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, reportaba ingresos modestos en 2015: apenas 1.9 millones de pesos. Pero desde su llegada al Congreso local ese mismo año y, más notoriamente, tras asumir la gubernatura en 2021, los ingresos del despacho y sus extensiones se dispararon. Entre 2016 y 2023, FJFA y GMA Firma Jurídica Fiscal sumaron ingresos por más de 2 mil 400 millones de pesos, de acuerdo con Proceso y expedientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL).
Tan solo en el periodo gubernamental, los despachos recibieron al menos 427 millones de pesos, identificados como presuntos desvíos provenientes del gobierno estatal.
El vínculo con el Cártel de los Beltrán Leyva
Otra pieza clave de esta red es Consultoría Lefinco, firma vinculada a Samuel García y señalada por la FGJNL como parte de un esquema de lavado de dinero al servicio del Cártel de los Beltrán Leyva, particularmente de la célula que opera en San Pedro Garza García. Esta consultora habría blanqueado al menos 21 millones de pesos para el grupo criminal, según reveló el medio Código Magenta.
El socio fundador de Lefinco, Marcelo Flores Serna, es hermano de Miguel Flores Serna, actual coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano y exjefe de la Oficina del gobernador. Ambos aparecen en expedientes ligados a operaciones financieras con presuntas empresas fachada utilizadas por criminales como ‘El Gato’ Villarreal Hernández y ‘El Socialitos’ Valencia González, operadores del cártel en el norte del país.
Empresas fachada y triangulación millonaria
Entre las firmas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentran Ferrara Consultores, Segurivic, Cobalto, Constructora ZVA y MFI Servicios y Asesoría, utilizadas para simular servicios y triangulación de fondos.
Una de las compañías más señaladas es Suministro MYR, que ha recibido miles de millones de pesos en contratos estatales y posteriormente trianguló al menos 209 millones a la FJFA y 9.6 millones a Consultoría Lefinco. Esta última también recibió recursos de empresas asociadas a estructuras criminales.
La UIF de Tamaulipas calcula que Consultoría Lefinco ha blanqueado alrededor de 14 mil 230 millones de pesos, lo que convierte a este caso en uno de los esquemas de lavado más escandalosos de los últimos años.
Ante los señalamientos, Samuel García aseguró en redes sociales que “no tiene nada que ocultar” y acusó a sus detractores de inventar mentiras por motivos políticos. “Todo lo que tengo y lo que tiene mi familia es totalmente público. Se puede consultar en mi declaración patrimonial”, afirmó.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció, asegurando que el SAT no le ha reportado irregularidades financieras del gobernador, e insinuó que las acusaciones podrían formar parte de una estrategia de los partidos PRI y PAN para desestabilizar su gobierno.
Blindaje legal y juicios políticos
En paralelo a las investigaciones fiscales, Samuel García enfrenta 19 procedimientos vigentes, incluidos siete juicios políticos admitidos el 28 de enero por el Congreso local. Se le acusa de desviar recursos públicos durante las elecciones de junio de 2024 para beneficiar a figuras de Movimiento Ciudadano como Jorge Álvarez Máynez, Luis Donaldo Colosio Riojas y Mariana Rodríguez Cantú.
Además, el gobernador ha tramitado 12 amparos para blindar legalmente a sus familiares más cercanos, incluyendo padres, hermanos, suegros y cuñados, en medio de una creciente presión judicial y política.
El juicio político que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue en espera tras ser aplazado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Mientras los señalamientos y evidencias se acumulan, el escándalo en torno a Samuel García no solo pone en entredicho su futuro político, sino que también pone bajo la lupa la relación entre poder político, dinero público y crimen organizado en uno de los estados más estratégicos de México.
También te puede interesar: Ken Salazar llama al «respeto entre vecinos» tras inclusión de México en lista de «adversarios» por parte de fiscal de EE. UU.
