El choque interno en el Gobierno peruano quedó expuesto después de que el primer ministro, Ernesto Álvarez, frenó en seco la posibilidad de ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez, ex jefa de Gabinete asilada en la sede diplomática. Su postura contradijo abiertamente al presidente José Jerí, quien 24 horas antes insinuó que un operativo era viable. La aclaración llegó mientras México, en voz de Claudia Sheinbaum, advirtió que una acción de ese tipo violaría el Derecho Internacional y llevaría la tensión bilateral a un punto crítico. El caso revive el fantasma de la crisis generada entre Ecuador y México tras la irrupción policial en Quito. Álvarez insistió en que no existe margen legal para intervenir una embajada, aunque reconoció el enojo social por la presencia de Chávez. Con este choque público, Perú se aproxima a un nuevo episodio de incertidumbre institucional.
Gobierno dividido ante la presión por detener a Betssy Chávez
El primer ministro Ernesto Álvarez salió del Congreso con un mensaje directo: no existe ninguna posibilidad legal de intervenir la Embajada mexicana para capturar a Betssy Chávez. La exfuncionaria, acusada de participar como presunta coautora del delito de rebelión en el fallido autogolpe de Pedro Castillo en 2022, permanece asilada mientras enfrenta una orden de prisión preventiva por cinco meses.
Álvarez declaró sin rodeos que “no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, por más emotividad o por más que sea requerida por la Justicia peruana”. Recordó su paso por el Tribunal Constitucional y destacó que el canciller Hugo de Zela comparte la misma lectura jurídica. Para ambos, cruzar la línea de la inviolabilidad diplomática abriría un conflicto mayor.
La postura del jefe de Gabinete contrastó con las palabras del presidente José Jerí. Un día antes, el mandatario afirmó que “si tiene que ingresarse a la Embajada mexicana, se hará”, comentario que avivó el clima político y generó críticas en la comunidad internacional. Álvarez trató de matizar el daño y afirmó que Jerí expresó “el sentimiento de la mayoría de los peruanos” ante el asilo de Chávez, aunque evitó defender la viabilidad del operativo.
La respuesta de México fue inmediata
Claudia Sheinbaum subrayó que irrumpir en la Embajada constituiría una violación grave al Derecho Internacional. Recordó el precedente reciente entre México y Ecuador, donde la incursión policial provocó la ruptura de relaciones diplomáticas. Su mensaje buscó dejar claro que el gobierno mexicano no tolerará ningún intento similar.
El caso Chávez mantiene a Lima bajo una creciente presión interna. La Fiscalía pidió una pena de 25 años de prisión y una inhabilitación de dos años y medio para la ex primera ministra. Considera que fue pieza clave en el intento de Pedro Castillo por disolver el Congreso y establecer un Gobierno de excepción.
Castillo continúa detenido desde diciembre de 2022, después de que su decreto no obtuviera respaldo político y el Congreso aprobara una moción de censura. A partir de ahí, la disputa por responsabilidades derivó en acusaciones penales contra su círculo más cercano. Chávez, ahora resguardada en territorio diplomático mexicano, se convirtió en el punto más sensible de la crisis.
El desbalance entre el discurso presidencial y la posición del primer ministro envía una señal de debilidad institucional. En medio de la presión judicial, el enojo social y la presencia de una figura políticamente explosiva dentro de una embajada extranjera, el Gobierno peruano enfrenta un escenario inestable que puede escalar con cualquier movimiento en falso. Mientras tanto, México mantiene su postura basada en tratados internacionales y se prepara para un posible deterioro diplomático si Lima no corrige su rumbo.
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