La tensión entre colectivos de familias de desaparecidos y autoridades federales volvió a escalar este martes, luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco desmintiera públicamente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por su declaración sobre la supuesta inexistencia de crematorios clandestinos en el Rancho Izaguirre, presunto centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante una conferencia de prensa, el titular de la FGR afirmó que en dicho predio, ubicado en el municipio de Teuchitlán, no hay evidencia alguna que acredite que se utilizaba como espacio para la incineración de cuerpos, contradiciendo lo que colectivos de búsqueda han denunciado desde hace años.
“No hay una sola prueba que acredite ese dicho (de que era un crematorio clandestino)”, sostuvo Gertz Manero, aunque reconoció que sí existen zanjas, restos de fogatas y una vasija con fragmentos óseos antiguos. “No se encontraron cadáveres, huesos… hablo de osamentas completas o parciales”, puntualizó.
“Le están mintiendo, presidenta”
La reacción del colectivo no se hizo esperar. A través de un enérgico comunicado, las madres buscadoras acusaron directamente al fiscal de mentirle a la presidenta Claudia Sheinbaum y de desacreditar años de trabajo forense, testimonios y recolección de pruebas realizadas por familiares de desaparecidos.
“Ya nos quitaron a nuestros hijos. No permita que también nos quiten la verdad”, expresaron en una carta dirigida a la mandataria, en la que acusan que “el Fiscal General está acusando a todas las buscadoras de mentirosas”.
En el documento, de dos cuartillas, las madres advierten que Gertz Manero jamás ha visitado el Rancho Izaguirre, y que su conclusión desestima por completo la evidencia aportada por colectivos, entre ellos videos, testimonios de testigos directos y material hallado en jornadas de búsqueda.
También subrayaron que su trabajo ha sido respaldado por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a cargo de Sara Irene Herrerías Guerra, quien —afirman— sí conoce de primera mano la documentación y hallazgos recabados en el terreno.
“Le pedimos que se acerque a ella y escuche su versión de los hechos sobre lo que sucedió en el Rancho Izaguirre”, solicitó el colectivo a la presidenta Sheinbaum.
“No queremos otra verdad histórica”
En su comunicado, Guerreros Buscadores advirtió sobre el peligro de repetir un patrón institucional ya conocido por muchas víctimas: la negación oficial y la manipulación narrativa, como ocurrió en el caso Ayotzinapa.
“No queremos otra verdad histórica. Estamos cansadas de esas formas rancias de construir realidades ficticias”, se lee en el mensaje.
Las madres también denunciaron la criminalización implícita hacia quienes buscan a sus familiares desaparecidos: “Pareciera que el delito es buscarlos, cuando el verdadero delito es desaparecerlos”.
Un predio marcado por el horror
El Rancho Izaguirre ha sido señalado desde 2023 como un punto clave en la red de desapariciones del CJNG. Según versiones de diversos colectivos, el lugar funcionaba como centro de entrenamiento y exterminio, donde presuntamente se desaparecían personas mediante incineración. Los relatos de sobrevivientes y restos óseos calcinados hallados por colectivos apuntaban a un posible patrón sistemático.
A pesar de ello, la FGR sostiene que solo se trató de un centro de adiestramiento criminal, descartando el uso del predio como crematorio clandestino.
La postura del fiscal ha encendido las alertas entre organizaciones de derechos humanos y ha reavivado la desconfianza de los colectivos hacia las instituciones.
El caso se suma a una larga lista de disputas entre víctimas y autoridades por el control de la narrativa en torno a las desapariciones forzadas, un flagelo que persiste en amplias regiones del país.
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