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    México exige a Israel trato digno para activistas detenidos y acelera su repatriación

    La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el proceso de repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel, tras participar en la flotilla humanitaria Sumud, avanza con gestiones diplomáticas activas. Los connacionales permanecen recluidos en el centro de detención de Ktziot, en el desierto del Néguev, mientras México continúa el diálogo con las autoridades israelíes.

    Cancillería mantiene contacto con familiares y asistencia consular directa

    De acuerdo con la Cancillería, el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, visitó nuevamente a las personas detenidas y gestionó medicamentos que requieren, a través de las vías diplomáticas. La Secretaría también sostuvo una reunión con sus familiares para informarles sobre el estado del proceso de repatriación y las gestiones realizadas por la embajada.

    “La SRE reafirma su prioridad y compromiso de velar por los derechos humanos de las y los connacionales en el exterior, así como por garantizar su regreso seguro a nuestro país”, señaló el comunicado oficial difundido este domingo.

    Los activistas mexicanos detenidos son Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán. Todos participaron en la misión internacional Global Sumud Flotilla, que intentaba romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria.

    Aunque no se ha precisado una fecha exacta para su repatriación, la Cancillería mexicana aseguró que las negociaciones se mantienen activas y que se ha solicitado trato humanitario para los detenidos, conforme a las normas internacionales.

    Controversia por declaraciones de ministro israelí

    El caso tomó un giro más tenso tras las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien afirmó sentirse “orgulloso” de que los activistas detenidos recibieran el trato de “terroristas” durante su reclusión.

    “Quien respalda el terrorismo se merece las mismas condiciones que se aplican a los terroristas”, dijo el funcionario, agregando que durante su inspección a los barcos incautados “no vio ni ayuda ni humanidad”.

    Estas palabras provocaron indignación entre las organizaciones de derechos humanos y las representaciones diplomáticas que siguen el caso. Los tripulantes deportados de la flotilla denunciaron haber pasado varios días en aislamiento, sin acceso adecuado a comida, agua ni atención médica.

    El Ministerio de Exteriores de Israel negó las acusaciones, calificándolas de “mentiras descaradas”, aunque no presentó evidencias que desmintieran los testimonios de los detenidos.

    En respuesta, la ONG Adalah, que representa legalmente a varios de los activistas internacionales, aseguró que las declaraciones de Ben Gvir constituyen una “admisión de brutalidad”.

    “Estas declaraciones representan una flagrante aprobación del trato inhumano, el abuso y la intimidación de los participantes de la flotilla como política de Estado”, indicó el organismo.

    Según Adalah, la detención fue “ilegal desde el inicio”, pues la interceptación de los barcos ocurrió en aguas internacionales y violó el derecho humanitario al impedir la entrega de ayuda en medio del conflicto armado que atraviesa Gaza.

    México exige respeto a los derechos de sus ciudadanos

    Fuentes diplomáticas confirmaron que México mantiene comunicación constante con las autoridades israelíes para asegurar el bienestar de los seis connacionales y lograr su repatriación en las próximas semanas. La Cancillería reiteró que su prioridad es “garantizar su regreso seguro, en condiciones dignas y con pleno respeto a sus derechos humanos”.

    El gobierno mexicano ha evitado emitir comentarios sobre las declaraciones del ministro Ben Gvir, pero diversas voces dentro del Congreso han exigido una respuesta más firme ante lo que califican como un “trato vejatorio” hacia ciudadanos mexicanos.

    La SRE no descartó recurrir a instancias multilaterales si las gestiones bilaterales no avanzan con rapidez o si se documentan violaciones graves a los derechos de los detenidos.

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