Durante su comparecencia ante el Comité de la ONU para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, representantes del Estado mexicano reconocieron rezagos en la judicialización de delitos contra personas migrantes, pero aseguraron que se están generando cambios estructurales y nuevas políticas públicas con enfoque de derechos humanos para atender esta problemática de manera integral.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través de su director general de Derechos Humanos, Arturo Guerrero Zazueta, informó que entre 2019 y 2025 se han dictado 53 sentencias en delitos contra migrantes, de las cuales 43 han sido condenatorias. Sin embargo, admitió que en casos de desaparición forzada, la judicialización sigue siendo limitada, con apenas 15 sentencias condenatorias entre 2018 y 2023, pese a 70 solicitudes de vinculación a proceso.
En materia de trata de personas, se contabilizan 485 sentencias federales en la última década, aunque muchas víctimas migrantes no eran registradas como tales, dificultando una estadística clara. Guerrero Zazueta también anunció que en junio de 2025 se lanzará un sistema de monitoreo automático en tiempo real para evaluar el cumplimiento del Poder Judicial con estándares internacionales, especialmente en desapariciones forzadas.
Respuesta estatal al incendio en Ciudad Juárez y mejora de estaciones migratorias
Sobre el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Guerrero informó que hay cinco causas penales activas, actualmente suspendidas por un amparo interpuesto por víctimas para ampliar el plazo de investigación. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha reconocido a 115 víctimas y entregado 112 millones de pesos en apoyos a 281 personas indirectamente afectadas.
Por su parte, Fátima Ríos González, directora de Movilidad Humana de la Secretaría de Gobernación, señaló que tras la tragedia se suspendió la operación de 33 estaciones migratorias por recomendación de la CNDH. Además, se han construido nuevos Centros Integradores y de Atención a Migrantes, y se ha capacitado a miles de funcionarios en derechos humanos y protección civil.
Ríos también destacó que el Instituto Nacional de Migración (INM) ya aplica el criterio de la Suprema Corte que limita a 36 horas la permanencia de personas migrantes en estaciones migratorias, medida que se busca reflejar próximamente en la legislación migratoria. En el caso de menores no acompañados, se ha fortalecido el registro y canalización con el DIF y la Comar, en línea con recomendaciones de la Corte.
Acceso a salud, empleo y justicia para mujeres y migrantes
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de Jennifer Catherine Feller Enríquez, presentó un informe que subraya los avances del Estado mexicano en salud, empleo, educación y combate a la discriminación hacia personas migrantes.
Entre los puntos destacados, mencionó el funcionamiento de 37 Centros de Justicia para las Mujeres certificados y la recertificación de 51 más, con una inversión de 400 millones de pesos entre 2019 y 2023. También se garantiza atención médica gratuita a toda la población migrante, sin importar su estatus migratorio.
En materia laboral, el micrositio «México te emplea» y el Programa de Integración Local, en alianza con la ACNUR, han facilitado más de 50,000 empleos formales para personas refugiadas. No obstante, reconoció que aún existen retos en acceso a servicios bancarios y financieros por situaciones de discriminación estructural.
El informe conjunto representa el compromiso del Estado mexicano por mejorar las condiciones de las personas migrantes y garantizar sus derechos a través de una coordinación interinstitucional, el seguimiento de recomendaciones internacionales y la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en todas sus acciones.
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