México se ha convertido en un país puente y de asentamiento temporal para miles de migrantes centroamericanos y sudamericanos deportados desde Estados Unidos, principalmente en los estados de Tabasco y Chiapas, señaló el investigador Luis Alfredo Arriola Vega, del Colegio de la Frontera Sur.
De acuerdo con el académico, en los últimos ocho años se han producido cambios significativos en la dinámica de los flujos migratorios hacia México, especialmente tras el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Esto ha provocado una pausa en los desplazamientos hacia el norte y un aumento en el número de personas varadas en territorio mexicano.
Reducción de migrantes en albergues y asentamientos emergentes
Arriola Vega destacó que, mientras los solicitantes de refugio disminuyen, los albergues también registran menor ocupación. Por ejemplo, el albergue de Palenque, Chiapas, pasó de atender 387 personas migrantes en marzo de 2024 a solo 107 en marzo de 2025, una reducción del 72%.
Muchos migrantes que ya se encontraban en México han visto canceladas sus citas migratorias a través de la aplicación CBP One, lo que los ha llevado a permanecer por más tiempo en el país o incluso a contemplar un asentamiento permanente. Este fenómeno está transformando el perfil demográfico de varias ciudades fronterizas del sur mexicano, como Tapachula, con presencia destacada de haitianos, y Tenosique, donde los hondureños representan un grupo significativo.
Tapachula y Villahermosa, nuevos puntos de recepción de deportados
El investigador indicó que, solo entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, Tapachula recibió a 1,500 mexicanos deportados, además de numerosos extranjeros. Villahermosa, capital de Tabasco, también está recibiendo semanalmente vuelos con deportados mexicanos y centroamericanos, en una dinámica que convierte a estas ciudades en estaciones de retorno o tránsito forzado.
Durante el año fiscal 2024 de Estados Unidos, el 32% de las deportaciones correspondió a ciudadanos mexicanos. De mantenerse esa proporción, se espera que más de 100,000 mexicanos sean deportados en este nuevo periodo de gobierno.
El endurecimiento de las políticas migratorias ha encarecido los costos del desplazamiento hacia el norte. Antes de la llegada de Trump al poder, los traficantes de personas cobraban cerca de 4,000 dólares por trasladar a un migrante desde Tapachula a la frontera norte; ahora, ese precio se ha duplicado, incrementando también los riesgos del viaje.
Arriola también alertó sobre el debilitamiento de organizaciones civiles e instituciones internacionales dedicadas a la atención de migrantes. La falta de fondos ha llevado al anuncio del cierre de varias oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Palenque, Tenosique, Tuxtla Gutiérrez y Guadalajara, lo que dejará a unas 130 personas desempleadas este año.
A su vez, la organización Asylum Access ha cerrado sus oficinas en Monterrey, Palenque y Tenosique, limitando significativamente la oferta de acompañamiento legal a personas que buscan refugio en México.
Contención migratoria como política compartida
El especialista recalcó que tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos han adoptado medidas de contención, control y restricción del tránsito de migrantes. Aunque la migración hacia Estados Unidos continuará, será bajo condiciones más caras, peligrosas y prolongadas. Ante ello, muchos migrantes se verán forzados a esperar o establecerse de manera indefinida en territorio mexicano.
El cambio de trato hacia distintas nacionalidades por parte de Estados Unidos también influirá en la dirección y la composición de los flujos migratorios, añadió Arriola, quien concluyó que México seguirá desempeñando un papel clave como frontera de contención y como refugio temporal para migrantes en tránsito.
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