El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, arremetió este miércoles contra el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que dicho organismo anunciara la apertura de un procedimiento formal para analizar la situación de las desapariciones forzadas en México. Para el legislador, esta decisión forma parte de una estrategia internacional para desacreditar al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Están interesados en descarrilar al gobierno de la compañera presidenta. Se prestan a estas maniobras, están en el golpeteo”, declaró Noroña, quien calificó la intervención del organismo como un acto “irresponsable” y “ruin”.
Las declaraciones del senador se producen después de que el CED dictara medidas cautelares para el resguardo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde colectivos de búsqueda hallaron recientemente ropa, objetos personales de al menos 200 personas desaparecidas y restos humanos calcinados. El comité de la ONU señaló que las desapariciones en el país presentan un carácter “sistemático y generalizado”.
Críticas a la ONU y contexto político
Noroña cuestionó el rol del organismo internacional, al que acusó de mantener silencio frente a hechos como las invasiones a Afganistán, Irak y Ucrania, mientras que —aseguró— interviene activamente en el caso mexicano con fines políticos.
“Todo lo que hay detrás ahí… ‘Calladitos’. Pero en este asunto ya están queriendo meter su cuchara en una acusación irresponsable. La derecha aplaude de pie”, afirmó.
El senador también rechazó que el gobierno tenga vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal señalada en diversas investigaciones en torno al caso de Teuchitlán, aunque insistió en que no puede afirmarse nada sin pruebas concluyentes.
Propuesta de diálogo con víctimas
En torno al tema legislativo, Fernández Noroña anunció que se prevé una reunión entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de familiares de desaparecidos para revisar y modificar una iniciativa de ley en la materia. Dijo que el objetivo es evitar que el tema sea utilizado con fines políticos y garantizar una discusión de fondo que perfeccione el marco legal sobre desapariciones forzadas en México.
“Lo que buscamos es que no haya manejo sesgado, torcido, ni lucro político. Queremos una legislación sólida y de consenso”, concluyó.
La investigación del CED y la postura del Senado se dan en un contexto complejo, con más de 110 mil personas reportadas como desaparecidas en México y una creciente presión nacional e internacional para esclarecer los casos y garantizar justicia a las víctimas.
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