La recientemente publicada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública introduce cambios significativos en el manejo de la información en el ámbito federal. Entre ellos, se establece que once instituciones vinculadas a la seguridad podrán determinar de manera discrecional la reserva o confidencialidad de la información que manejan, sin estar obligadas a someter esta decisión a un Comité de Transparencia.
Según el análisis realizado por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), la nueva ley delega en los titulares de estas instituciones la facultad para decidir sobre la reserva de datos, eliminando el contrapeso que previamente ofrecía la revisión a través de Comités de Transparencia. Entre las entidades beneficiadas se encuentran, entre otras, el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
Además, otras instituciones como el Centro Federal de Protección a Personas, las divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal Ministerial y Guardia Nacional, y diferentes fiscalías especializadas (en Delincuencia Organizada, terrorismo, tráfico de armas, entre otras) también se incluyen en este listado. Así como, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada.
Cambios en el marco normativo
El nuevo decreto, publicado el 21 de marzo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, deroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2016 y sus modificaciones posteriores, adoptando muchas de sus disposiciones dentro de la nueva Ley General. Esta normativa no solo redefine las facultades y obligaciones de los sujetos obligados, sino que también establece los principios y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Entre las novedades, se amplía el catálogo de autoridades consideradas como sujetos obligados. La ley ahora incluye a agencias, comisiones, comités, corporaciones y entes pertenecientes a las tres ramas del gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos los niveles, lo que implica un alcance más amplio en la generación y entrega de información pública.
Implicaciones y análisis de la medida
Diversos analistas señalan que la delegación de la potestad para establecer reservas de información a los titulares de las instituciones de seguridad podría tener impactos en la transparencia institucional. El MUCD ha expresado que, al eliminar la necesidad de justificar ante un Comité de Transparencia, se corre el riesgo de que decisiones sobre la confidencialidad se adopten de manera unilateral. Sin embargo, la norma es formulada desde un enfoque de equilibrio, buscando dotar de mayor rapidez en la toma de decisiones en temas sensibles de seguridad.
Por otra parte, quienes apoyan la reforma destacan que en áreas de seguridad y defensa la discrecionalidad en la clasificación de información podría responder a la necesidad de proteger datos estratégicos frente a amenazas internas y externas, siempre que se respeten los mecanismos de rendición de cuentas y control establecidos en otros apartados de la ley.
La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se plantea como una actualización normativa en un contexto de cambios tecnológicos y de seguridad, donde el acceso a la información se reconoce como un derecho fundamental, pero que debe estar balanceado con consideraciones de protección de datos sensibles. La ampliación del listado de sujetos obligados y las exenciones otorgadas a las instituciones de seguridad representan un giro en la administración de la información pública. Queda por verse cómo se implementarán estos cambios y cuáles serán sus efectos prácticos en términos de transparencia y protección de datos en el ámbito federal.
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