Los Congresos estatales de Baja California y Tamaulipas han aprobado la llamada “Ley Alina”, una reforma legal que reconoce el derecho a la legítima defensa de las mujeres que enfrentan violencia física, sexual o feminicida, sin que sean criminalizadas por proteger su vida e integridad.
La iniciativa establece que, salvo prueba en contrario, se presumirá que una mujer actuó en legítima defensa propia cuando repele una agresión en contextos de violencia de género. También prohíbe que se califique como “exceso de legítima defensa” cuando la víctima actúe bajo miedo o terror, reconociendo el impacto psicológico que pueden tener estas situaciones extremas.
¿Cómo surge la “Ley Alina”?
La reforma toma su nombre de Alina Narciso, una policía municipal de Tijuana que fue víctima de violencia por parte de su pareja, también policía. El 12 de diciembre de 2019, en medio de una agresión letal, Alina utilizó el arma de cargo de su agresor y lo mató en defensa propia.
A pesar de los hechos, fue sentenciada a 45 años de prisión por homicidio. Pasó tres años encarcelada hasta que, en mayo de 2023, fue absuelta luego de que el tribunal reconociera que actuó en legítima defensa.
Su caso se convirtió en símbolo de la violencia institucional y judicial que enfrentan las mujeres que sobreviven agresiones y son penalizadas por defenderse. Colectivas feministas, activistas y legisladoras impulsaron desde entonces una reforma que garantizara el acceso a la justicia para mujeres en situaciones similares.
Perspectiva de género y no criminalización
La “Ley Alina” fue presentada en Baja California por la diputada morenista Liliana Sánchez Allende, y en Tamaulipas por Magaly Deandar Robinson, también de Morena. Ambas reformas modifican el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus respectivas entidades, para garantizar que jueces y fiscales actúen con perspectiva de género.
“No es una licencia para matar”, aclararon las impulsoras de la ley. La legítima defensa ya está contemplada en el sistema penal mexicano, pero esta reforma obliga a que los casos de mujeres violentadas sean evaluados en su contexto, y que el miedo y la desigualdad estructural no sean ignorados al dictar sentencia.
La medida responde a la realidad de muchas mujeres en México, quienes sufren violencia sistemática en el hogar, en relaciones de pareja o incluso por parte de servidores públicos, y que a menudo son revictimizadas por el sistema judicial cuando sobreviven y se defienden.
Reacciones y próximos pasos
La aprobación de la “Ley Alina” ha sido celebrada por colectivos feministas, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, que durante años han documentado casos de criminalización de mujeres que sobreviven a sus agresores.
No obstante, también ha generado debate y desinformación en redes sociales, donde algunos usuarios la han descrito erróneamente como una medida que permite a las mujeres “matar sin consecuencias”. Expertos en derecho penal han rechazado esas interpretaciones, señalando que la ley no elimina el análisis de los hechos, sino que garantiza condiciones justas para evaluar los casos en su debido contexto.
El siguiente paso, señalan activistas, es que otros congresos estatales repliquen esta reforma, con el objetivo de homologar criterios y evitar que mujeres víctimas de violencia sean encarceladas por ejercer su derecho a defenderse.
“La ‘Ley Alina’ es un avance legal y simbólico frente a una justicia que históricamente ha invisibilizado la violencia de género”, señalaron organizaciones como Justicia para Alina, Equifonía y la Red Nacional de Refugios.
México ha dado un paso importante en el reconocimiento del derecho de las mujeres a la autodefensa, en un país donde, según cifras oficiales, más de 10 mujeres son asesinadas cada día y la mayoría de los casos queda impune.
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