La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, confirmó la detención de tres ex policías municipales de Tala, Jalisco, presuntamente implicados en actividades delictivas vinculadas al Rancho Izaguirre, un predio ubicado en Teuchitlán que ha sido señalado como centro de exterminio, reclutamiento forzado y adiestramiento criminal por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las investigaciones apuntan a que los ahora detenidos colaboraron activamente en la captura y traslado de personas desaparecidas al rancho, en coordinación con células criminales. La información fue corroborada por declaraciones de víctimas sobrevivientes, quienes identificaron a los policías como participantes en sus detenciones ilegales.
Cómo fueron detenidos los ex policías
Uno de los ex agentes, José Antonio “N”, fue arrestado en el estado de Colima y trasladado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde fue entregado a las autoridades federales. Inicialmente detenido por el delito de portación de cartuchos, durante su arresto se descubrió que contaba con una orden de aprehensión vigente relacionada con el Rancho Izaguirre.
El segundo implicado, Rubén “N”, fue presentado ante un juez y acusado formalmente del delito de desaparición forzada. Se le dictó prisión preventiva, medida que lo mantendrá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.
Finalmente, Gabriel J., de 22 años de edad y ex miembro de la Policía Municipal de Tala, fue arrestado en el municipio de Acatic el pasado 22 de marzo, señalado también por su presunta participación en la desaparición forzada de un hombre que estuvo cautivo en el Rancho Izaguirre y logró ser liberado tras un operativo militar el 18 de septiembre de 2024.
Según las autoridades, Gabriel J. habría interceptado a la víctima junto con otros elementos policiacos mientras esta circulaba en motocicleta. Bajo el pretexto de una “revisión de rutina”, lo habrían entregado a un grupo armado. Durante su cautiverio, la víctima escuchó que sería entregado a “la gente”.
La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas confirmó que se ejecutó una orden judicial contra Gabriel J., quien fue puesto a disposición del Juez de Control y será procesado bajo el principio de presunción de inocencia.
Colusión y omisiones institucionales
El fiscal Alejandro Gertz Manero calificó el caso como “una clara evidencia de colusión entre fuerzas de seguridad municipal y el crimen organizado”, y reprochó la falta de intervención oportuna por parte de las autoridades locales, lo cual habría permitido la operación impune del rancho durante años.
El alcalde de Tala, Gerardo Ruiz, confirmó que los tres agentes dejaron de formar parte de la corporación policial el 26 de septiembre de 2024, aunque no precisó los motivos de su salida. Estas separaciones ocurrieron días después del operativo militar en el que se liberaron a víctimas cautivas del rancho.
El Rancho Izaguirre ha sido descrito por colectivos de búsqueda y organismos de derechos humanos como uno de los sitios más perturbadores jamás documentados en Jalisco. En marzo de 2025, tras una denuncia anónima, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al predio y halló decenas de indicios, incluyendo ropa, cobijas, mochilas infantiles y hornos crematorios, además de cientos de fragmentos óseos.
Las autoridades y colectivos instalaron un memorial en el predio, con flores, veladoras y banderas en honor a las víctimas. El sitio se ha convertido en emblema de la crisis nacional de desapariciones forzadas, que ha cobrado más de 125 mil víctimas registradas en el país, según el RNPDNO.
Investigaciones en curso
La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas continúa reuniendo pruebas y testimonios para determinar si existen más policías o funcionarios coludidos con el crimen organizado en el caso del Rancho Izaguirre.
Las autoridades aseguraron que los procesos judiciales en curso determinarán las responsabilidades penales de los tres ex agentes, mientras que colectivos de familiares de personas desaparecidas mantienen presión sobre las instituciones para asegurar justicia y verdad.
El caso ha generado indignación nacional y ha puesto bajo la lupa la fragilidad institucional de cuerpos de seguridad en Jalisco, uno de los estados más golpeados por la violencia del narcotráfico. Con estas detenciones, se abre un nuevo capítulo en la lucha por esclarecer los horrores del Rancho Izaguirre y en la búsqueda de justicia para las miles de víctimas que aún no han sido encontradas.
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