La jornada electoral extraordinaria de este domingo, donde por primera vez en la historia se eligen magistrados, jueces y ministros del Poder Judicial de la Federación, ha estado marcada por múltiples incidentes de seguridad. El caso más grave se reportó en Jungapeo, Michoacán, donde se confirmó el robo de 300 boletas electorales, presuntamente vinculado a amenazas de células del crimen organizado que operan en la región.
Según fuentes electorales locales que solicitaron el anonimato, el hecho se produjo tras intimidaciones recibidas por funcionarios electorales en los días previos. Las amenazas habrían provenido de integrantes de la organización delictiva La Nueva Familia Michoacana, que mantiene presencia en la región oriente del estado, particularmente en Jungapeo y Zitácuaro, municipios colindantes con el Estado de México.
El retraso en la instalación de casillas hasta después de las 10:00 horas fue una de las consecuencias directas del clima de inseguridad. A pesar de lo ocurrido, las autoridades aseguraron que se trabaja con apoyo de fuerzas de seguridad para restaurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral en condiciones de libertad y protección para los votantes.
Robo masivo de boletas en Chiapas
El caso de Michoacán se suma al robo masivo de boletas en Chiapas, donde la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Rodríguez Sánchez, confirmó el hurto de 138 mil 774 boletas electorales.
De acuerdo con el INE, los responsables sustrajeron los paquetes mediante engaños o amenazas dirigidas a los presidentes de mesas directivas de casilla, lo que afectó la instalación de casillas en diversas regiones del estado.
Aunque estaban programadas 2 mil 935 casillas en Chiapas, sólo se logró instalar 2 mil 919. Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y asegurar que no se vulneren los principios del proceso democrático.
Veracruz: violencia generalizada y ataques a candidatos
A la par de estos incidentes, el estado de Veracruz reporta una escalada de violencia política, con 54 candidatos a alcaldías solicitando protección en apenas 13 días, según datos del OPLE Veracruz. La presidenta del organismo, Marisol Alicia Delgadillo Morales, confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha desplegado medidas cautelares para garantizar la integridad de los aspirantes.
Uno de los casos más alarmantes se produjo el 29 de mayo, cuando militantes del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron un intento de secuestro contra Obed Méndez, presuntamente por parte del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Manuel Téllez.
Además, se reportó un intento de ataque contra la familia del hijo del exalcalde Amado Guzmán, también candidato del PAN. Hombres armados rociaron gasolina sobre la camioneta en la que viajaban sus familiares, quienes lograron huir antes de que el vehículo fuera incendiado.
En el municipio vecino de Chicontepec, vecinos alertaron la presencia de hombres encapuchados con armas largas, intensificando la percepción de riesgo en la región.
Un proceso judicial bajo fuego
La elección judicial 2025 —resultado de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador— pretende transformar la estructura del Poder Judicial mediante la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. No obstante, el proceso enfrenta severas críticas y desafíos operativos, particularmente en zonas del país afectadas por la violencia.
Los robos de boletas, amenazas a funcionarios electorales, y ataques a candidatos, plantean dudas serias sobre la viabilidad de llevar a cabo elecciones democráticas en contextos dominados por la inseguridad.
Mientras las autoridades continúan con sus investigaciones, diversos sectores de la sociedad civil y la oposición han exigido una revisión urgente de los protocolos de seguridad y la validación de los resultados electorales en regiones afectadas por el crimen organizado, a fin de proteger la legitimidad del proceso y la autonomía del Poder Judicial.
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