La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, generó controversia tras declarar que los organismos internacionales como la ONU no tendrán injerencia en México, en respuesta al anuncio del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, que activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas debido a la situación en el país.
Las declaraciones contrastan con la postura que la funcionaria sostuvo en 2020, cuando calificó de “muy importante” el regreso del CED a México, al elogiar su trabajo en el caso Ayotzinapa. Entonces, reconocía el valor de sus investigaciones y señalaba que el gobierno de Peña Nieto había obstaculizado sus avances.
Sin embargo, este 10 de abril, desde el panteón Las Cruces, Piedra Ibarra aseguró:
“La ONU no va a hacer nada aquí, no lo vamos a permitir. Quienes se dicen defensores de la democracia mundial quieren venir a pisotear la democracia que está en ciernes en este país”.
Además, sostuvo que en México no existen desapariciones forzadas cometidas por el Estado, y sugirió que las actuales denuncias son motivadas por “intereses políticos”.
El gobierno de Sheinbaum también rechaza la activación del Artículo 34
La postura de la titular de la CNDH va en línea con el rechazo del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum también minimizó los señalamientos del Comité de la ONU, al declarar que las desapariciones no son atribuibles al Estado, sino al crimen organizado, y que hay “mucho desconocimiento” por parte del Comité. México incluso envió una nota diplomática de inconformidad.
Sin embargo, el CED-ONU reiteró que el concepto de desaparición forzada también incluye casos donde el crimen organizado actúa con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
“Las decisiones del Comité se toman con gran responsabilidad y sólo cuando existen indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática”, subrayó el organismo.
Contexto de negación y preocupación internacional
Para Santiago Corcuera, expresidente del CED-ONU, la activación del Artículo 34 ocurre tras años de advertencias y recomendaciones ignoradas.
“Desde 2015, el Comité ya había señalado un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en México”, afirmó en entrevista para Aristegui En Vivo.
El académico Jacobo Dayán, director del CCU Tlatelolco de la UNAM, fue más allá al advertir que negar la participación del Estado en estas prácticas es incorrecto, ya que la omisión también constituye complicidad.
“El uso de los términos ‘sistemática’ y ‘generalizada’ por parte del Comité implica que México podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad”, alertó.
Dayán también señaló el fracaso de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (2017), por sus registros desactualizados y la ausencia de políticas públicas eficaces.
La polémica permanencia de Rosario Piedra en la CNDH
El cambio de postura de Rosario Piedra Ibarra se da en medio de críticas por su reelección en noviembre de 2024, cuando obtuvo un segundo periodo al frente de la CNDH pese a ser la candidata peor evaluada, y luego de haber presentado una carta falsa para respaldar su postulación.
Desde su llegada al cargo, numerosas organizaciones de derechos humanos han cuestionado su labor, señalando que ha replicado el discurso del gobierno federal, sin defender activamente los derechos humanos en temas como la militarización, el uso excesivo de la fuerza y las desapariciones forzadas.
La activación del procedimiento especial por parte del Comité de la ONU representa un nuevo llamado de atención internacional sobre la crisis de derechos humanos en México, que, según cifras oficiales, cuenta con más de 114 mil personas desaparecidas desde el año 2006.
La comunidad internacional y organismos civiles esperan que el gobierno mexicano rectifique su postura y acepte la cooperación internacional, antes de que el caso sea llevado ante la Asamblea General de la ONU.
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